LA "JUSTICIA" LEJOS DE LA GENTE Y CERCA DE LAS MINERAS...

MINERÍA-MÉXICO: Una justicia lejana para el ecocidio

Por Emilio Godoy

MÉXICO, dic (IPS) – Los habitantes de una población en el nororiental estado de San Luís Potosí, en México, batallan hace una década para clausurar una mina de oro y plata propiedad de una empresa canadiense. Pero a cada victoria, le sucede una nueva trampa, que muestra lo difícil que es hallar justicia contra los ecocidios.

Mientras organizaciones ambientalistas y comunitarias festejaban como definitiva una sentencia judicial que anulaba los permisos de operación y ordenaba la clausura de la mina, un tribunal distrital emitió el 14 de este mes un amparo que dejó sin efecto temporal la suspensión de actividades a cielo abierto en el Cerro San Pedro.

“La resolución del tribunal colegiado de anular la operación de la minera está firme, el amparo es sólo sobre la clausura. La minera no tiene permisos de ningún tipo”, aclaró a IPS Mario Martínez, dirigente del Frente Amplio Opositor (FAO), una coalición de organizaciones sociales que ha encabezado la oposición al proyecto.

Para Martínez, la clausura definitiva tan sólo fue postergada, pero cuando ella se produzca, quedará por resolver lo más importante y difícil: obtener la justicia ambiental, la reparación ocasionada cuando se produce un ecocidio, un crimen ecológico que afecta el patrimonio natural de personas y comunidades.

El Frente lucha desde hace una década contra la empresa Minera San Xavier, filial de la transnacional canadiense New Gold, y su explotación del Cerro San Pedro, a unos 400 kilómetros al noreste de la capital mexicana.

La coalición acusa a la compañía de contaminar los mantos acuíferos con el cianuro empleado para disolver el oro en agua, de extraer desmedidamente el líquido de la zona y de operar en un área ecológica.

En febrero de 1999 Minera San Xavier obtuvo de las autoridades ambientales mexicanas un permiso para explotar el Cerro San Pedro, pese a la existencia de un decreto del gobierno del estado de San Luis Potosí que lo declaraba zona ecológica.

Las organizaciones agrupadas en el Frente iniciaron un procedimiento legal contra la explotación de la mina y en octubre de 2005 un tribunal federal declaró nulo el permiso.

Pero en abril del año siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una nueva licencia a la empresa para continuar sus operaciones. En mayo pasado, un tribunal colegiado de tres magistrados volvió a dar la razón al Frente, que logró en noviembre la clausura de la explotación.

El Cerro San Pedro es el asiento actual de una población fundada en 1592 con el nombre de San Pedro de Potosí, como evocación al ya entonces famoso Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, emblema de la minería latinoamericana por siglos.

Pero en lugar de la explotación tradicional anterior, con base en túneles subterráneos, la Minera San Xavier escogió el método de cielo abierto, lo que supuso la voladura casi total del cerro, por el uso de toneladas de explosivos, y el daño a un patrimonio histórico y cultural de unos 400 monumentos de diferentes épocas.

“Es imposible obtener una reparación a todo este daño. El Cerro San Pedro, que la minera ha explotado, prácticamente ya no existe y los mantos freáticos de donde se obtiene el agua están muy contaminados”, señaló Martínez.

“El acceso a la justicia es un problema de legitimidad, de cómo el interés de los colectivos y de grupos se puede atender efectivamente, de cómo la reparación se puede reintegrar al ambiente. No es el caso de una persona o una empresa”, declaró a IPS Marisol Anglés, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

Una de las debilidades del sistema mexicano es la falta de sistematización de los fallos judiciales relacionados con el ambiente, por falta de estadísticas al respecto.

“Hay actividad jurídica, pero no hay información sobre las sentencias. Necesitamos producir información”, resaltó a IPS Antonio Azuela, ex procurador federal del Ambiente entre 1994 y 2000.

Durante su gestión, la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente, creó un sistema de Índices de Cumplimiento de Normatividad Ambiental, que llegó a tener evaluadas a 9.000 empresas.

Pero el gobierno del presidente Vicente Fox descontinuó la elaboración del índice desde que comenzó su sexenio en diciembre de 2000, sin que la iniciativa haya sido retomada por el actual mandatario, Felipe Calderón. Ambos son dirigentes del derechista Partido Acción Nacional.

Para Gustavo Alanís, presidente del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los obstáculos en el camino de la justicia ambiental son muchos, como la proliferación de leyes y jurisdicciones, amenazas contra ambientalistas y autoridades, la demora en los fallos judiciales, la extendida cultura de incumplir las normas y el cabildeo de empresarios para detener regulaciones.

“Tenemos que hacer un esfuerzo, entre gobierno y sociedad, para que las regulaciones se hagan valer adecuadamente”, manifestó Alanís durante un reciente foro sobre acceso y administración de justicia ambiental.

En México, existen leyes de protección al ambiente, de aguas nacionales, de vida silvestre y de áreas naturales protegidas, entre otras, con áreas de cobertura similares y con diversidad de atribuciones, lo cual genera duplicidad de funciones.

En el caso del Cerro San Pedro “una vez que la mina deje de funcionar definitivamente, queremos pasarle la factura ambiental a la minera. Vamos a presentar una demanda por daños y perjuicios”, anticipó Martínez, un ingeniero hidrológico, que ha estado presente en la larga actividad contra la transnacional canadiense.

En el enfrentamiento con Minera San Xavier no han faltado los episodios oscuros. En 1998 el entonces alcalde de Cerro de San Pedro, Baltasar Loredo, apareció muerto, en un hecho catalogado como suicidio y que se produjo poco después que se negase a firmar un permiso a la filial canadiense.

Un año antes, Enrique Rivera, un activista del FAO, se asiló en Canadá, mientras que otras seis personas han sido encarceladas en uno u otro momento, por su oposición a la mina.

La empresa Minera San Xavier no respondió a la solicitud de IPS de comentarios sobre Cerro San Pedro. Pero desde su sede central en Vancouver, New Gold aplaudió en un comunicado el congelamiento de la suspensión de actividades, mientras se decide una apelación interpuesta por su filial contra el cierre. Y aseguró que espera poder mantener las operaciones mientras se desarrolla el nuevo juicio.

Este caso muestra como las amenazas al ambiente persisten pese a las muchas leyes existentes en México, pero no es el único reciente que lo ejemplifica. Los habitantes de una colonia (barrio) del sur de la capital luchan desde octubre para evitar la instalación de un expendio de combustibles en su barrio.

“El dueño del terreno demolió dos restaurantes con el pretexto de una remodelación y solicitó un permiso para construir una gasolinera. Acudimos a las autoridades y nos dijeron que no sabían, hay complicidad al ocultar información”, denunció a IPS Javier Méndez, portavoz de los colonos afectados.

Los opositores a la estación de servicio argumentan que el proyecto viola la ley ambiental de la capital y que supone un riesgo para su salud, debido a las emanaciones de los carburantes.

En este caso existe el antecedente de una obra similar que los afectados lograron bloquear por vía legal. En 2004, la Asociación de Nativos y Colonos de San Pedro Tláhuac llevó a los tribunales a una empresa que pretendía construir una estación distribuidora de gas en esa comunidad situada al sureste de Ciudad de México.

Tres años después un tribunal dio la razón a los demandantes, por considerar que los habitantes de esa zona tienen derecho a un ambiente sano y que éste era amenazado por el proyecto de la estación gasífera.

Profepa cuenta sólo con 400 inspectores para cubrir los casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. A ello se suma el hecho de que pierde 70 por ciento de los juicios de nulidad que se emprenden contra sus resoluciones.

En 2008, Profepa recibió 8.149 denuncias por violación a las disposiciones ambientales, en su mayoría relacionadas con asuntos forestales, según estadísticas oficiales. Con base a ellas, la vigilancia ambiental impuso 6.482 multas por un total de unos 63 millones de dólares.

(FIN/2009)

http://costaricahoy.info/ambiente/mineria-mexico-una-justicia-lejana-para-el-ecocidio/37471/

Las mineras canadienses: el modelo de Barrick Gold

BARRICK GOLD. VERGUENZA DE CANADÁ

Las mineras canadienses: el modelo de Barrick Gold (parte 1)

En un reciente reportaje publicado por el diario mexicano La Jornada -y que reproducimos a continuación-, se analiza en profundidad el modus operandi de trasnacionales mineras canadienses en México y otras partes del mundo.

El denominador común en el accionar de las mineras canadienses sigue siendo la explotación abusiva de recursos, falta de respeto por la preservación del medio ambiente y las condiciones de vida y de salud de las poblaciones locales.

En Chile, Barrick Gold , la minera de oro con oficinas centrales en Toronto (Canadá) es la principal responsable del proyecto Pascua Lama, que amenaza con destruir el medio ambiente y la subsistencia de las poblaciones locales del valle del Huasco y alrededores. Un triste ejemplo.

A continuación el artículo "Las Mineras Canadienses" de Carlos Montemayor (La Jornada de México - Julio 2008)

(Parte 1)

Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.

Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.

En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.

Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.

Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.

Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.

El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.

En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.

Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, polìtica, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.

En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.

En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.

Fuente: Carlos Montemayor /La Jornada de México

LAS MINERAS

CANADIENSES (II)

El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante. La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.

Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.

La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.

En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.

Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.

En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.

El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.

Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.

Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.

El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.

A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.

Carlos Montemayor LA JORNADA viernes 11 de julio de 2008

http://despiertosdelsur.blogspot.com/2009/12/las-mineras-canadienses-el-modelo-de.html

Reclaman mexicanos salida de minera canadiense por daño ambiental

22 de diciembre de 2009, 00:05 México, 22 dic (PL) Pobladores y autoridades del sureño estado mexicano de Chiapas continúan exigiendo hoy la salida de su territorio de una compañía minera canadiense por perjuicios al medio ambiente. El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), una organización creada por la sociedad civil, asegura que el litigio expresa la contraposición entre intereses económicos y respeto a los derechos humanos, cumplimiento de la ley y preservación de la naturaleza. En la localidad de Chicomuselo, Chiapas, la trasnacional canadiense Blackfire explota barita y otros minerales, en detrimento de la zona debido a la contaminación de las aguas de un río y la apropiación ilegal de tierras, asegura Cencos. El diario Cuarto Poder, perteneciente a esa provincia del sur de México, reportó que el yacimiento de barita en uso por la compañía extranjera podría ser el más grande del mundo y se trata de un producto clave para la industria petrolera, según datos adjudicados por el rotativo al director general de Blackfire, Artemio Ávila. Desde julio último la Red Mexicana de Afectados por la Minería, encabezada en Chiapas por el activista Mariano Abarca, se apostó a las afueras del complejo minero y logró que la empresa suspendiera sus actividades, recuerda Cencos. En ese contexto de lucha social, el 27 de noviembre de 2009 un desconocido disparó contra Abarca, quien resultó muerto en el incidente. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Estatal detuvo a tres presuntos responsables vinculados a Blackfire. La Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) de Chiapas tramitó el cierre legal del complejo minero por la violación de normativas en la construcción de caminos, emisión de polvo y otros contaminantes atmosféricos como el dióxido de carbono. Pese al cierre dictado el 7 de diciembre último, se espera que la empresa foránea siga los causes legales que le permitan seguir con sus operaciones, estima Cencos. Luego de la medida adoptada por Semavi, funcionarios públicos estatales recibieron amenazas por personas no identificadas, lo cual se suma al clima de tensión tras el asesinato de Mariano Abarca, informa la organización no gubernamental. tgj/mjm http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=148425&Itemid=1

Otorgan amparo que impide a minera detonar explosivos en el Cerro de San Pedro, SLP

Edith Argüelles

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 25

San Luis Potosí, SLP, 18 de diciembre. La organización Pro San Luis Ecológico informó que hoy obtuvo un amparo del cuarto juzgado de distrito, con sede en esta entidad, mediante el cual se impide a la empresa Minera San Xavier (MSX) detonar explosivos en el Cerro de San Pedro luego que este lunes la empresa aseguró que obtuvo la suspensión definitiva a la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente el pasado 18 de noviembre.

El recurso 1344-2009 promovido por activistas en su calidad de habitantes de Cerro de San Pedro es contra los actos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, la 12 Zona Militar, con sede en San Luis Potosí, el gobierno del estado y el ayuntamiento de la localidad, responsables directos e indirectos de la autorización de un nuevo permiso para que MSX pueda detonar explosivos.

Los activistas Mario Martínez Ramos y Carlos Covarrubias Rendón explicaron que con el retiro del permiso de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 13 de noviembre, automáticamente MSX filial del Grupo New Gold quedó sin autorización para detonar explosivos en la zona.

Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de distrito, otorgó la suspensión a la demanda de amparo promovida por Ana María Alvarado García, en representación sustituta del núcleo agrario Cerro de San Pedro, y aplazó para el 4 de enero la audiencia constitucional para MSX.

Carlos Covarrubias Rendón dijo que la decisión del juez es un contragolpe a MSX porque sería ilegal que le otorgaran un nuevo permiso de uso de explosivos sin autorización de impacto ambiental.

Los activistas señalaron que no se rendirán si la empresa, de capital canadiense, quiere seguir operando en la ilegalidad y con el amparo de servidores públicos corruptos, pues habitantes y ambientalistas siguen firmes.

Pro San Luis Ecológico es la organización no gubernamental que promovió un recurso contra la empresa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a su vez resolvió una sentencia que obligó a Semarnat a retirar el permiso de impacto ambiental a MSX porque la zona donde se extrae oro y plata es una reserva natural protegida.

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/19/index.php?section=estados&article=025n1est

La minera canadiense

Carlos Montemayor

El pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.

Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.

El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.

Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.

Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.

Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.

Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.

El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?

http://videoamlo.blogspot.com/2009/12/la-minera-canadiense.html

LOS VENEROS DEL DIABLO

Miércoles, 09 de Diciembre de 2009 04:31

Francisco Gómez Maza

Cobraron la vida de líder ambientalista en Chiapas
Las mineras canadienses, destructoras de la vida

La minería es una actividad que se conoce desde hace muchos siglos, y que sirve para sacar diversos materiales que se encuentran debajo de la tierra. Dentro de estos materiales están los metales, entre los que destacan por su valor y utilización el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el estaño, el níquel, el uranio y muchos más. Tradicionalmente esta riqueza natural se ha explotado cavando largos túneles en la tierra, hasta encontrar las vetas del metal que se va sacando con pico y pala. Este tipo de minería no representa daños ecológicos ni a la salud de la población; solamente ha sido peligroso para los trabajadores, tanto por el riesgo de derrumbes en los túneles como por distintos gases subterráneos que son venenosos. Pero en la actualidad las empresas transnacionales han modernizado sus formas de explotación, para sacar los metales más rápido y a menor costo. Para ello, utilizan los métodos de "Tajo a Cielo Abierto" y "Túneles", además de la llamada "Lixiviación", la cual constituye una de las actividades más contaminantes del mundo y más dañinas para la salud de las personas. Este método está prohibido en todos los países ricos, por lo que las empresas mineras buscan países pobres que tienen gobiernos débiles y corruptos, como el que tenemos en México, para que les den los permisos necesarios. De acuerdo con los investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), éste es el grave peligro que hoy tiene encima el pueblo de Chiapas y sus ecosistemas. La Secretaría de Economía federal, en complicidad con el gobierno estatal, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Profepa (Procuraduría Federal para la Protección del ambiente) han dado más de 50 permisos de exploración y explotación minera que abarcan 550 Mil Hectáreas en 29 municipios, a las transnacionales canadienses "Linear Gold Corp", "Fronteer Development Group", "Radius Gold" y Kinross Gold, principalmente. Los gobiernos federal y estatal han violado leyes agrarias, de salud y ambientales, así como los Derechos Humanos de la población afectada, y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Las autoridades han ocultado todo esto, por lo que nada de ello saben la mayoría de los dueños de ésas 550 Mil hectáreas, que en su mayor parte son propiedad ejidal y comunal. Igualmente se ignora que este grave problema amenaza a miles de poblados que, aunque están alejados, reciben agua envenenada a través de los ríos. El método más barato y rápido para los metales es el de "Tajo a Cielo Abierto". Primero talan todos los árboles de la zona para que no estorben. Luego, cada día usan grandes cantidades de dinamita u otros explosivos, para volar los cerros y convertirlos en piedras de distintos tamaños. Las mineras, los gobiernos cómplices y sus instituciones corruptas como Semarnat y Profepa, dicen que no existe peligro, ya que el cianuro, que emplean para la explotación, se degrada con la luz del sol y el oxígeno. Sin embargo esto no es cierto por varias razones: Las minas trabajan las 24 horas, por lo que descargan cianuro de noche en "Diques de Cola" y "Escombreras". Al no haber luz de sol a esas horas, antes de que el cianuro se degrade, va reaccionando con otros elementos de la naturaleza, creando diversos compuestos químicos igualmente tóxicos, que quedan ahí a la intemperie. Las personas y animales pueden envenenarse con cianuro. El resultado más común es la muerte, pero si el contacto es con cantidades demasiado pequeñas de cianuro, los daños principales son en el cerebro, corazón, glándula tiroides, aparatos respiratorio y motriz, provocando también alteraciones en la sangre. Uno de los impactos más terribles que ocasiona este método de minería es que puede acabar con toda el agua limpia de una región entera. El primer problema que trae la minería es división y conflictos sociales comunitarios. Esto sucede porque en el campo, que es donde se hallan los recursos minerales, existe mucha ignorancia ya que el gobierno burgués nunca ha querido dar educación al pobre. Eso lo aprovechan las empresas mineras y sus cómplices del gobierno, para ofrecerle a la gente una serie de promesas falsas que unos sí creen y otros no. Entre junio y julio Mariano Abarca Roblero, activista y miembro de la REMA (Red Mexicana Antiminería), encabezó un plantón, con el apoyo del Frente Cívico de Chicomuselo, para impedir el paso de maquinaria y camiones de la empresa minera Blackfire hacia el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, donde realizan la explotación de barita y otros minerales. El resultado de este plantón fue rápido por parte de esta empresa, ya que ponía en juego sus grandes y jugosas ganancias. La empresa Minera Blackfire amenazó de muerte a Mariano, por lo que éste pidió la protección de la justicia. El 22 de julio, en un mitin, frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, que organizaron integrantes del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier New Gold, Abarca Roblero alertó sobre los graves daños que provocaría esta empresa canadiense, no sólo en Chiapas, sino en Tabasco y esteros del Golfo de México. Sobre todo porque lanzarían químicos como el cianuro y otros químicos en la cuenca del Grijalva, que discurre por los valles centrales de Chiapas y que continúa hacia Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, para seguir hacia Villahermosa, Tabasco y desembocar en el Golfo de México. A principios de agosto del 2009, la Empresa Canadiense interpuso una demanda en contra de Mariano Abarca Roblero, por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la colectividad y de Estado. Elementos del cuerpo de seguridad del estado de Chiapas lo detuvieran sin ninguna orden, y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes, sin mediar delito alguno, y por la presión de las movilizaciones de varias organizaciones, automáticamente alcanzó su libertad, estando arraigado del 17 al 25 de agosto del 2009, en Tuxtla Gutiérrez. Mariano continuó con la lucha por defender a la madre naturaleza y su territorio hasta que el viernes 27 de noviembre del 2009, llegaron dos sujetos en una motocicleta, y uno de ellos le disparó a quemarropa. Desde esas horas en que Mariano Abarca fue asesinado, la empresa canadiense Blackfire retiró todas sus maquinaria más ligera del municipio, y sólo dejó las más pesadas, y sus oficinas rentadas en el municipio han permanecido cerradas; no se ha visto a los trabajadores que andan generalmente en las calles en camionetas de la empresa.
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Celebra Monsiváis la resistencia potosina contra Minera San Xavier

El escritor fue investido con el honoris causa de la UASLP
Carlos Monsiváis recibió el diploma de manos de Mario García Valdez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Se reconocen los aportes del homenajeado a la lucha social, por su voz crítica y sus reflexiones sobre la realidad del país, dijo el rector

Edith Argüelles

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2009, p. 4

San Luis Potosí, SLP, 8 de diciembre. Por su trayectoria literaria y sus aportes a la educación y la vida política del país, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) entregó hoy el doctorado honoris causa al escritor Carlos Monsiváis, quien al tomar la palabra reconoció el movimiento social emanado en este estado en contra de Minera San Xavier, por haber resistido firme y demostrar de manera jurídica el vandalismo de la empresa canadiense.

Monsiváis señaló que el aumento de la indignación moral y las movilizaciones son fruto de la injusticia. Por eso, indicó, le enorgullece la distinción de esa casa de estudios, porque lo acerca a la comunidad potosina que ha resistido con éxito a Minera San Xavier, que presume del nuevo concepto de minería inteligente.

El escritor, quien ha apoyado la resistencia civil contra esa empresa, que este mes fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente luego de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cancelar el permiso de impacto ambiental otorgado en 2006, debido a una denuncia del grupo ambientalista Pro San Luis Ecológico, dijo que le preocupan los 600 trabajadores y sus familias que quedan en el desempleo, pero felicita al resto de las familias potosinas.

El rector, Mario García Valdez, señaló que máxima casa de estudios del estado reconoció al escritor por su contribución como luchador social, quien se ha caracterizado por su voz crítica y su reflexión sobre la realidad política y social del país.

García Valdez reconoció la cercanía del escritor con la juventud y, principalmente, los universitarios, por lo que el Consejo Directivo Universitario avaló, como parte de los festejos del 150 Aniversario de la UASLP, entregar el reconocimiento a Monsiváis.

Impulsor de la democracia

Miguel Aguilar Robledo, director de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, se refirió a Carlos Monsiváis como uno de los grandes impulsores de la transición democrática del país, y entre su excelencia destaca el ser uno de los pocos personajes que han sabido combinar las facetas de cronista, escritor y periodista.

Con el reconocimiento al escritor son ya cuatro los personajes de la ciencia, las letras y la cultura que han recibido la máxima distinción que entrega esta casa de estudios, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y Daniel Phillips, premio Nobel de Física.

Según dispone la legislación universitaria, el doctorado honoris causa podrá ser conferido a quienes por su contribución a las ciencias, las letras o las artes hayan realizado una labor extraordinaria para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad.

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/09/index.php?section=cultura&article=a04n1cul