ONG´S en Oaxaca tomarán el Consulado de Canadá

Publicado por @Shinji_Harper el Martes, 20 marzo 2012

Oaxaca, México.-  Más de medio centenar de organizaciones sociales,  convocaron a la sociedad en genrral a la toma pacífica del Consula de Canadá en Oaxaca como parte de la protesta por el asesinato del activista Bernardo Vásquez  por su labor  de denuncia contra la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver.

Antecedentes

Desde la llegada en 2008 de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Minesparte del grupo de empresas mineras canadienses llamado The Gold Group a la comunidad zapoteca de San José del Progreso, Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca, la violencia llegó, en forma de la imposición de un proyecto minero que atenta contra la vida de los habitantes y violenta sus derechos.

En este marco de violencia generado por la empresa minera, el pasado día 15 de marzo del 2012 por la noche, en el crucero de Santa María Ocotlán, Oaxaca, fue asesinado con armas de fuego el compañero Bernardo Vázquez Sánchez y se hirió a Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez todos miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

La sociedad oaxaqueña, nacional e internacional ha manifestado su repudio ante estos terribles hechos y nos sumamos a la exigencia de justicia por los crímenes cometidos por los grupos armados al servicio de la empresa minera y el gobierno municipal de San José del Progreso en contra de los compañeros activistas, por tal motivo:

CONVOCAMOS

A la Toma simbólica del Consulado de Canadá en el estado de Oaxaca. Ubicado en la calle Lic. Manuel Ruíz (casi enfrente de la  Funeraria Núñez Banuet), en la Colonia Reforma.

Iniciaremos las actividades de denuncia a partir de las 2 de la tarde del día Miércoles 21 de Marzo de 2012.

Invitamos a unirnos todos en este esfuerzo pacificador, para que vayan vestidos de ropa blanca, como símbolo de exigencia de respeto a la vida de nuestros compañeros en territorios de pueblos y comunidades, vulneradas en su autonomía.

Solicitamos a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, el Relator de Pueblo Indígenas de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que a través sus diversos medios se solicite, sin dilación a las autoridades correspondientes del gobierno mexicano, se haga justicia y se esclarezca la cadena de agresiones y asesinatos de nuestros compañeros y compañeras en las zonas donde operan los megaproyectos que no respetan lo estipulado en el convenio 169 de la OIT, en materia de consulta  y consentimiento previo, libre  e informado.

Convocamos a nuestros hermanos y hermanas periodistas nacionales quienes a diario enfrentan una situación de alta vulnerabilidad por informar los acontecimientos reales que se suscitan en nuestros pueblos y comunidades indígenas; a que sigan haciendo eco oportuno de las acciones comunitarias que se están realizando para evitar más violencia y llegar a soluciones pacíficas y dialogadas.

Finalmente hacemos un llamado a los pueblos y comunidades hermanas que padecen esta situación para que desde sus lugares de origen, se sumen a esta convocatoria mediante una participación activa, artística, propositiva y solidaria, para exigir un alto a estos acontecimientos y solicitar a las autoridades correspondientes, el cumplimento de losAcuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena firmados en San Andrés Larrainzar en el estado de Chiapas, cumpliendo de igual manera con lo establecido en la Constitución Nacional, los convenios internacionales suscritos que protegen la libre determinación de los pueblos y las declaratorias de Derechos Humanos.

¡SI A LA VIDA, SI A LA BIODIVERSIDAD!

¡NO A LA VIOLENCIA, NO AL ECOCIDIO DE LA MADRE TIERRA!

¡FUERA FORTUNA SILVER – MINERA CUZCATLÁN DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO¡

A T E N T A M E N T E

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) A.C.; Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Servicios del pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4); Agrupación Un Salto de Vida A.C., Jalisco, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos; Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC); Asamblea Estudiantil Xalapa; Asamblea Regional de Afectados Ambientales Jalisco; Ayala/Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA/MN); Campo A.C.; Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Centro Cultural “Hermanos Revueltas”; Centro de Derechos Humanos Fr. Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Alianza Cívica Pinotepa Nacional, A.C.; Centro de estudios de la Región Cuicateca; Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A.C.; Centro Regional para la Educación y la Organización A.C.; Círculo de estudios del Sótano de la Condesa; Colectivo Autonomía en los Barrios-Magdalena Contreras D.F; Colectivo C.A.S.A.; Colectivo Ciudadano Conciencia Libertaria; Colectivo de Estudios Críticos en Derecho; Colectivo de Prácticas Narrativas; Colectivo Hoja Verde D.F. ; Comisionado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez; Comité 1968 por las Libertades Democráticas; Comité Cerezo México; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Consultoría Técnica Comunitaria A.C.; Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA); Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Publico del Agua; Coordinadora Mexiquense Plan de Ayala; Edo. Mex.; Colectivo “Enamor-arte”, Juchitán; El Pregón-MLN; OCEZ-CNPA.MLN; El Tribuno Popular de la Facultad de Derecho-UNAM; Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO); Gestión Justicia y Medio Ambiente S.C.; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA); La Ventana A.C.; La Vía Campesina  Internacional; La Vía Campesina Norte de América; Movimiento Campesino Regional; Independiente/Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Nación Teenek-MLN, SLP; Nación Xi-Uy-MLN, SLP; Organización de Agricultores Biológicos A.C.; Otros Mundos AC/Chiapas; Parroquia de la Soledad Montoya; Pobladores A.C.; Pro San Luis Ecológico; Movimiento de Liberación Nacional; RADAR; Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.; Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán; Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Penal de la Asociación Nacional de Abogados Democrático; Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca; Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; SURCO A.C.; Telar de Raíces A.C.; UNORCA; UPREZ; Asociacion Ceiba (Guatemala); Asociación Cultural el Raval- el Lokal de Barcelona (España); Colectivo Contra impunidad (Uruguay); Comité ambientalista Valle de Siria (Honuras); Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (El Salvador); Cooperación Comunitaria Alemania-México; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (Argentina); Instituto Polaris (Canadá); México vía Berlín (Alemania); Movimiento de víctimas de los crímenes del estado colombiano en el Exilio (Colombia).

Crece tensión por exploración minera en Caballo Blanco

Ambientalistas y autoridades de Veracruz acusan a empresa canadiense de dañar ecosistema

Miércoles 21 de marzo de 2012 Édgar Ávila / Corresponsal | El Universal
QUEJAS. Activistas aseguran que la minera Gold Group Mining estaría asentada cerca del área de ermergencias radiológicas de Laguna Verde. (Foto: HORACIO ZAMORA )

estados@eluniversal.com.mx

VERACRUZ

La indefinición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) polarizó las posturas en torno a la explotación de la mina de oro conocida como Caballo Blanco en Veracruz, cuyo principal accionista es Carlos Slim.

En días recientes, ambientalistas, autoridades estatales y municipales han presionado al gobierno del presidente Felipe Calderón para que rechacen el proyecto, en tanto grupos presuntamente “pagados” por la compañía canadiense Gold Group Mining se han manifestado en actos públicos del gobierno del estado para exigir que las autoridades locales avalen a la minera.

El epicentro del conflicto se encuentra en el municipio de Alto Lucero, a 131 kilómetros de la capital, donde se localiza un yacimiento de oro en el cerro Caballo Blanco, ubicado a escasos 3 kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

En ese lugar, el gobierno federal autorizó realizar trabajos de “exploración” a la minera, pero está pendiente de emitir un dictamen para ver si dejará extraer de manera legal y permanente oro a cielo abierto.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas, sociedad civil y el propio gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, manifestaron su rechazo a la operación de la mina al considerar que representa un riesgo para el ecosistema y para la operación de la nucleoeléctrica.

El proyecto dorado

La minera Gold Group Mining pretende instalar una mina a cielo abierto que utilizará cianuro como principal insumo para extraer oro, lo cual ha producido rechazo de grupos ambientalistas y organizaciones civiles, a las que en últimos días se les ha sumado el gobierno de Veracruz.

La empresa inversionista cuenta con dos proyectos más en México: Cerro Colorado (Sonora) y San José de Gracia (Sinaloa) y su empresa filial en México es Candymin, S.A. de C.V. y la operativa Minera Cardel S.A. de C.V.

De acuerdo con una carpeta informativa de la compañía, el proyecto busca la construcción de una unidad minera a cielo abierto para extracción de oro, a través de un proceso de patios de lixiviación, acumulación en piletas y absorción por carbón activado.

Se invertirían alrededor de 385 millones de dólares durante la etapa de producción que durará entre seis y 10 años.

Aunque directivos de esta compañía aseguran que cuentan con los permisos federales para exploración, integrantes del movimiento de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) presentaron dos denuncias ciudadanas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra.

La denuncia establece que la empresa omitió informar sobre la apertura de nuevos caminos en la zona de exploración; además, ocultaron a las autoridades la instalación de estanques de agua desde donde se bombea el vital líquido para el funcionamiento de barrenos que utilizan para abrir cavernas a menos de 3 kilómetros de Laguna Verde.

El documento señala que la empresa canadiense realiza actividades de exploración mediante barrenos de diamante, lo cual normalmente genera residuos líquidos y el uso de sustancias ajenas al ecosistema local, lo que pone en riesgo a la fauna, entre otras irregularidades.

El presidente municipal de Alto Lucero, Lucio Castillo Bravo, clausuró los trabajos de exploración de la mina debido a la falta de licencias de construcción y permisos de cambio de uso de suelo de la empresa.

El presidente de la compañía minera, Keith Piggott, quien confirmó la participación accionaria de Slim, aseguró que “cumplimos con todas las leyes”.

Rechazo oficial

El Gobierno de Veracruz presentó de manera formal al gobierno federal los estudios técnicos mediante los cuales determinó rechazar la operación de la mina de oro.

El secretario del Medio Ambiente del estatal, Víctor Alvarado Martínez, presentó la documentación oficial y los 70 análisis y estudios a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El dictamen técnico determina que no se garantiza la sustentabilidad del proyecto, y se incumplen normas y leyes”, afirmó.

El documento presentado contiene la opinión técnica de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Alcalá, España, entre otros.

Los problemas de Goldgroup Mining, además del rechazo del gobierno estatal, han llegado hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues el delegado regional de esta dependencia en la zona norte de Veracruz, Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra, denunció que los empleados de esta compañía no tienen esta prestación.

Por si fuera poco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el gobierno del estado, incluyeron en la región del proyecto la zona arqueológica denominada Quiahuiztlán dentro de los diez sitios que componen su “Listado de registros nuevos o actualizados de zonas arqueológicas en Veracruz”.

Y otra de las principales oposiciones es que la mina estaría asentada dentro del polígono del Plan de Emergencias Radiológicas Externo (PERE) de Laguna Verde.

Dicho programa ha delimitado dos zonas de planeación para emergencias, destinadas a la protección de la población y los bienes en las cercanías de la central: la primera una área con radio de 16 kilómetros y la segunda con radio de 80 kilómetros con posibilidades de ampliarse hasta donde la situación lo requiera.

La empresa se defendió argumentando que “ambas delimitaciones son para poner en marcha planes de acciones en casos de emergencia, pero no tienen que ver con operaciones industriales en este perímetro”.

http://www.eluniversal.com.mx/estados/84990.html

La derecha busca la desaparición del Estado para entregarlo a las trasnacionales: Dussel

“No somos individuos, somos comunidad y a partir de ahí ya no es posible aceptar el liberalismo. El liberalismo no acepta la participación”

• Con una advertencia sobre la extinción de la humanidad por la aplicación del modelo capitalista basado en la injusticia, la explotación y la violencia, comenzó el Primer Encuentro “El Buen Vivir”, ayer en la Universidad Autónoma de Puebla.
  
  La advertencia fue hecha por el investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades John Holloway en este ciclo de conferencias y actividades artísticas que continuarán hasta el próximo 17 de marzo en el edificio Carolino.
  
  Ahí también estuvo el filósofo Enrique Dussel quien expuso ante más de 200 estudiantes de las licenciaturas y preparatorias de la UAP, que el avance de la derecha en México y el resto del mundo se observa a través de las empresas y capitales trasnacionales que se apropian de las facultades y derechos que sólo corresponden al Estado.
  
  
  
  El Estado capitalista actual, untsunami de destrucción y muerte 
  
  Ayer, durante su participación en este encuentro, el académico de origen irlandés John Holloway planteó que desde su visión el Estado actual basado en el capitalismo está provocando “un tsunami de destrucción y muerte, y esta dinámica está llegando a proporciones que amenazan la existencia de la humanidad”.
  
  En ese sentido, expuso ante los estudiantes que el capitalismo está basado en la injusticia, la violencia y la explotación, lo cual es visible en la destrucción del campesinado, en la destrucción de las ciudades, de las tierras por la actividad minera y en la crisis mundial misma.
  
  Plateó que “si queremos entender a la sociedad y lo que está pasando con ella entonces tenemos que empezar con la categoría del capital, no como una categoría económica, sino como una conceptualización dinámica del asalto en la que nos encontramos. El problema para nosotros no es sólo cómo mejorar los niveles de vida de mucha gente –lo cual es importante–, sino lo fundamental es romper con esta dinámica de muerte. ¿O tal vez ya no podemos? Me resigno a aceptar la destrucción de la humanidad, y supongo que ustedes tampoco lo aceptan, por eso estamos aquí”.
  
  Para Holloway, el Estado capitalista moderno es excluyente y esta exclusión del resto de la sociedad comienza desde las tradiciones, el lenguaje y las formas de comportamiento de quienes forman parte del Estado, con el único fin de controlar la vida social de la población.
  
  Señaló que detener la dinámica de “destrucción y muerte” del capitalismo no puede lograrse a través del propio Estado, pues “no tiene sentido utilizar a una organización basada en nuestra propia exclusión. Esto no canaliza las luchas sociales, pues al final el Estado nos reintegra y nos reconcilia con la reproducción del capitalismo, con esa dinámica que nos está matando a todos”.
  
  Agregó que la existencia del Estado depende de la reproducción del capital y de su acumulación, pues de esto viven los funcionarios los que forman parte del Estado. Subrayó que eso no necesariamente significa que no se pueden lograr cambios desde las instituciones, pero rechazó que el Estado convierta a los sujetos en objetos de la política, a los rebeldes en ciudadanos a quienes aleja de la perspectiva en contra del capitalismo.
  
  “Obviamente eso nos deja con el problema de que si no es a través del Estado, ¿entonces cómo podemos cambiar al mundo? La respuesta es que no lo sabemos. Por eso estamos aquí, por eso discutimos. No tenemos las respuestas pero tenemos las experiencias de la gente que que está creando otra lógica de existir, de vivir y de crear un buen vivir”, afirmó.
  
  Y agregó: “si el capitalismo es el mal vivir, entonces para construir un buen vivir tiene que ser una construcción de que va en contra de este sistema que domina. Partir de las experiencias, respetándolas, pero también criticándolas, es como veremos un mundo que está lleno de grietas, de gente que dice que dice que vamos a caminar en sentido opuesto. Por eso este encuentro y por eso lo hacemos dentro de la universidad”.
  
  
  
  “¿Es lo mismo Calderón que Lula?” 
  
  En su exposición, Enrique Dussel se pronunció en contra de la desaparición del Estado, como claman algunas voces, pues lo único que ocurriría es que pasaría a manos de compañías trasnacionales y los grandes capitales.
  
  Agregó que eso es lo que busca la derecha más extrema en México y el resto del mundo, con planteamientos como eliminar al Ejército o la Policía, pues para eso están los mercenarios o la seguridad privada.
  
  “Pero no sólo la derecha pide eso, sino la izquierda también. Si yo le pido a Evo, a Lula, a Chávez disolver el Estado ¿no sería el caos y vendría la derecha a tomar el poder?”, planteó.
  
  Por ello, afirmó que se requiere de unidad, de un Estado bien organizado y al servicio del pueblo. “No somos individuos, somos comunidad y a partir de ahí ya no es posible aceptar el liberalismo. El liberalismo no acepta la participación”.
  
  En Venezuela, ejemplificó, existe al menos una actitud patriótica y una política nacionalista. En Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva logró reducor la extrema pobreza de 30 al 17 por ciento.
  
  “¿Es lo mismo Calderón que Lula?”, preguntó Dussel a lo que recibió un contundente “no” del auditorio como respuesta. Y prosiguió: “Lula fue obrero, sudó y se enfrentó a los militares. Quizás no fue como Lenin, pero vean lo que pasó en Rusia y vean qué paso en Brasil. La política es realismo con principios éticos; debe tener filiales y alternativas anticapitalistas”, subrayó el académico quien subrayó que muchos grupos pequeños nunca van a llegar a sumar una fuerza que transforme a México, sino que 15 o 20 grupos “que tengan una idea clara de las cosas entren a la política, se organicen y entonces sí logren una transformación.
  
  “Lo digo fuertemente porque en México la política es un problema: los movimientos más buenos no están dispuestos a entrar a la política y si entregan sus ideales van a ser responsables ante la historia”, subrayó el filósofo quien resaltó la importancia de la participación en las próximas elecciones federales.
  
  “Es un momento clave del país; si fuera sólo un problema teórico, ni vengo, pero se trata de un momento político grave, y la población busca resolver sus necesidades de pavimentación, alumbrado, calles y seguridad. En Venezuela, al poder electoral lo elige el pueblo. Aquí, el IFE decide ¿pero a este quién lo eligió?, ¿cómo se van a nombrar jueces si el mismo poder los nombra? La revocación del mandato es una primera parte del ejercicio del poder y este va para el presidente, los diputados, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Necesitamos un Estado distinto, que sea incluyente y para ello hay que tener imaginación”.
  
  El académico de origen argentino, nacionalizado mexicano hace 36 años, señaló que el “buen vivir” es un concepto fundamental de los pueblos originarios de América, y rompe con el pensamiento moderno, incluidos el capitalismo y el marxismo. Además, incluye una revaloración de la cultura, pero esta no limitada a las artes, sino en un sentido integral que abarque a toda la actividad humana: desde las actividades agropecuarias, la política, las relaciones sociales hasta la economía. Un ejemplo de esta “revolución cultural” es la bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela.
  
  “El poder no se tiene, se ejerce y este es del pueblo, por lo tanto no se toma”, expuso Dussel en una crítica a lo que los políticos actuales entienden por el ejercicio del poder, como en el caso mexicano y los candidatos a la presidencia de la República. En ese sentido, agregó que el papel del Estado es delegarlo a través de las instituciones, que son las que se fortalecen o se debilitan.
  
  También expuso la dificultad que han tenido los gobiernos de izquierda para comenzar a ejecercer el poder, pues no es lo mismo criticar que pasar a ejercerlo. Por ello, si bien Hugo Chávez, Evo Morales o Lula no son el tipo de revolucionario que fue Lenin, estos presidentes han comenzado a delegarlo en nombre del pueblo.
  
  La labor de los intelectuales en esta tarea ha sido relevante, agregó, como el caso de Álvaro Garcia Linera quien fomó parte de la guerrilla y hoy es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, “y ha mostrado no sólo la importancia de la mística y los símbolos del Estado, sino del mando del pueblo”.

• Fuente: La Jornada
  http://www.vanguardia.com.mx/laderechabuscaladesapariciondelestadoparaentregarloalastrasnacionalesdussel-1243878.html 
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Dos años después, el gobierno canadiense se mantiene en silencio en cuanto al caso de Blackfire sobre corrupción y asesinato en Chiapas, México

(Ottawa/Toronto) Dos años después de haber elevado una queja ante la policía federal canadiense alegando corrupción por parte de Blackfire Resources, con sede en Calgary, un grupo de organizaciones canadienses de la sociedad civil querría saber el posicionamiento de las autoridades canadienses en relación a las controversiales operaciones de la compañía en Chiapas, México. Sin embargo, aún sigue sin respuesta la solicitud de información que se realizó hace 18 meses ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional mediante la Ley de Acceso a la Información.

A fines del 2009, las entidades Common Frontiers, Alerta Minera Canadá, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos y otras, obtuvieron documentación que indica que Blackfire había estado depositando fondos en la cuenta bancaria personal de un ex alcalde del municipio de Chicomuselo, Chiapas, donde la compañía operaba una mina de barita. El 10 de marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses de la sociedad civil elevaron una queja ante la policía federal canadiense en relación a la Ley de Corrupción de Dirigentes Políticos Extranjeros. La prensa nacional reveló en agosto del 2011 que la policía federal había comenzado sus investigaciones. Hubo informes de que se habían allanado las oficinas de la compañía en Calgary. Aún no se han presentado cargos.

Blackfire ya había estado en las noticias luego del homicidio de Mariano Abarca Roblero, reconocido dirigente comunitario que se oponía a las operaciones de la compañía, asesinado a tiros enfrente de su casa el 29 de noviembre del 2009. Poco después de la muerte de Abarca, se encarceló a varios hombres cuyos vínculos con Blackfire eran conocidos. Asimismo, las autoridades ambientales del estado suspendieron transitoriamente actividades mineras en Chicomuselo.

El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos, Common Frontiers y Alerta Minera Canadá organizaron una delegación de investigación en Chiapas a fines de marzo del 2010 con objeto de indagar sobre la muerte de Abarca y las actividades de la compañía. Los resultados de la delegación demuestran que la mina a cielo abierto había suscitado oposición a nivel local debido a las promesas incumplidas, la falta de beneficios, y la degradación ambiental en la zona. La delegación notó divisiones en las comunidades a raíz de la presencia de la compañía y a menudo escuchó reclamos impulsando a la compañía a retirarse.

Durante una visita a la Embajada de Canadá en México, se informó a la delegación que un Consejero de Asuntos Políticos había redactado un informe al cabo de un viaje de investigación en Chiapas semanas después del asesinato de Abarca. Al solicitar una copia se le informó a la delegación que el informe estaba “clasificado”. A mediados del 2010 se le solicitó una copia de este informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés). Sin embargo, pese a las promesas de funcionarios y una queja elevada ante el comisionado de información, no se ha podido obtener una copia del informe.

Mientras tanto, existe la alarmante posibilidad que la compañía esté entablando nuevas operaciones en Chiapas. En enero, el periódico nacional de México, La Jornada, citó a pobladores del municipio de Siltepec, en un valle montañoso próximo a Chicomuselo. Según este periódico, los pobladores indicaron que quieren “evitar el saqueo clandestino, ya que la empresa minera Blackfire ha estado entrando por las noches y a escondidas ya sacaron ocho camiones de minerales…; advertimos que esto ya no lo vamos a permitir en ningún lugar de la Sierra.”

Es posible que cualquier compañía minera realizando actividades no deseadas en una zona tan próxima a Chicomuselo podría confundirse con la tan desacreditada Blackfire. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante dada la historia reciente y un nivel de probabilidad razonable que esta sea otra iniciativa de Blackfire. Al no contar con mecanismos claros, más allá de la ley anti-corrupción, que permitan pedir cuentas a la compañía por daños pasados, y vista la falta de respuesta clara por parte de DFAIT que indique un interés serio en abordar casos en los que el territorio y la vida de una comunidad corren peligro, no queda claro a quién se tendría que dirigir la reciente queja de Siltepec.

En la víspera del congreso “Walking the Talk: Human Rights Abroad Take II” (“Del dicho al hecho: derechos humanos en el extranjero – segundo intento”) que se celebra esta semana en el Parlamento, reclamáramos nuevamente que se responsabilice a las compañías mineras por sus operaciones en el extranjero. La propuesta de ley C-323 permitiría a ciudadanos extranjeros demandar a compañías canadienses en las cortes canadienses. Este es el tipo de iniciativa legislativa que se necesita para remediar los frecuentes abusos que cometen las compañías mineras canadienses como Blackfire.

A su vez, exigimos que el gobierno de Canadá tome una mayor responsabilidad en explicar por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no responden de manera más efectiva y puntual en un caso donde se han atropellado los derechos y las vidas, y en donde hace tiempo se hace caso omiso de las preocupaciones que manifiestan los pobladores.
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Contactos:
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos: Mark Rowlinson 647-231-5983
Alerta Minera Canadá: Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina 613-569-3439
Common Frontiers: Raul Burbano 416 522 8615

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Jennifer Moore
Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada
www.miningwatch.ca

email: jen@miningwatch.ca
tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138

Ambientalistas exigen cancelar proyecto minero en Veracruz

REGINA MARTÍNEZ

14 DE MARZO DE 2012 · 
ESTADOS

XALAPA, Ver. (apro).- Representantes de grupos ambientalistas exigieron a las autoridades estatales la cancelación del proyecto minero impulsado por la firma canadiense Gold Group en la región de Alto Lucero.

Denunciaron que a pesar de que los inversionistas siguen sin recibir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), prosiguen con los trabajos de exploración.

Apostados frente a las oficinas de la delegación de la Semarnat, las organizaciones civiles recordaron que en febrero pasado se presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, en la que se “da cuenta de diversas violaciones a la ley ambiental y penal, en lo relativo a conductas ilícitas y delitos ambientales”.

A través de fotografías, videos y testimonios, los activistas del colectivo La Vida exigieron clausurar el proyecto minero Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, por violar las leyes ambientales y abrir caminos que la Semarnat no había autorizado.

Explicaron que la minera transnacional presentó un estudio de impacto ambiental de socavones para sus actividades de exploración y, ante ello, la dependencia federal emitió un resolutivo condicionando este tipo de actividades, según documento difundido a través de la pagina web de la Semarnat, bajo el número 30VE2010MD132.

No obstante, explicó el ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel, la empresa ha incurrido en violaciones flagrantes tanto a ese resolutivo como a las leyes y normas aplicables en el país, entre ellas la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento.

Sostuvo que la empresa minera está metiendo maquinaria pesada en la zona donde proyecta explotar los recursos naturales de Alto Lucero para la extracción de oro, y para ello “ha abierto nuevos caminos” en un área considerada de alto impacto ecológico por los servicios ambientales que presta a la región, incluida la capital del estado.

La transnacional, subrayó, omitió declarar en la MIA sobre la instalación de tanques de agua, desde donde se bombea el líquido para el funcionamiento de barrenos, ya que eso implicaría una serie de trámites ante la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Comisión Nacional Forestal y la misma Semarnat para solicitar el cambio de uso de suelo.

Esta situación, acusó, “viola el resolutivo por el cual se prohibió a la empresa la realización de obras y actividades que no estén previstas en la resolución, así como realizar obras adicionales que no estén consideradas en el proyecto”.

Peor aún, abundó Rodríguez Curiel, “la empresa minera está realizando actividades de exploración mediante el uso de barrenos de diamante, lo que normalmente implica la generación de residuos líquidos, además del uso de sustancias ajenas al ecosistema local, mismas que nunca declaro que generaría y usaría y que ponen en riesgo la fauna  y flora local”.
http://www.proceso.com.mx/?p=300978

DESDE MEXICO....

Compañeros del FAO Canadá.. dada la situación que se está viviendo en muchas partes del mundo, pero sobre todo en los paises latinoamericanos  agredidos de manera cada vez más inhumana por los proyectos mineros de las empresas canadienses. Las luchas de resistencia contra estos proyectos crece cada día, en respuesta las empresas coludidas con la clase gobernante implementan diversas formas de represión, contra los defensores de la madre tierra.

La lucha en Cerro de San Pedro que ya cumple 16 años sigue en pié, las condiciones nos han obligado a centrarnos enla lucha jurídica, hemos podido topar todos los intentos de la empresa New Gold por dar una imagen de legalidad a su proyecto, ésta sigue operando sin permisos reales, en la totalidad ilegalidad, la empresa construyó un cuartel casi frente a sus instalaciones y allí permanecen  un buen número de efectivos del ejercito.
Es necesario informarles que desde hace años el FAO está dedicando una buena parte de su tiempo a asesorar y apoyar a una buena cantidad de grupos en resistencia en diferentes partes del país, esto aprovechando su experiencia tal es el caso de  Baja California Sur, Oaxaca, Veracrúz, Jalisco, los proyectos enlas montañas de Guerrero, así mismo, hace tres años como ya saben se formó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en este mes de enero de 2012 logramos un encuentro en Honduras con grupos de resistencia ante los embates de la minería en la que asistieron representantes de los paíces desde Canadá hasta Panamá, así se constituyó el M-4 mediante el cual intentamos aglutinar las luchas a ese nivel regional a fin de diseñar una resistencia a nivel global.

Es por eso que en este momento se requiere la participación de todos los grupos, colectivos, ONGs, Redes, y todos aquellos que son concientes de que esta actividad  minera no solo afecta a las comunidades donde se asienta, sus impactos son a nivel global sin distingos sociales, debemos anteponer esto y hacer oidos sordos a algun@s gentes que por intereses muy particulares, por mala fe u otras circunstancias llevan a cabo campañas oscuras de linchamiento de activistas cuyo trabajo está a la vista de todos y gracias a los cuales la lucha sigue su curso.

Más abajo en inglés verán una petición que forma parte de la defensa de algunas comunidades en resistencia que están en laetapa más candente de su lucha.

Reciban un solidario abrazo...

Mario Martínez Ramos  "FAO"

Ordenan a mineras suspender actividades en la zona sagrada huichol de Wirikuta

28 febrero 2012

                 El pueblo wixárica pidió amparo contra First Majestic y la filial mexicana Real Bonanza

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• Foto: Vanguardia/Especial

México, DF. El pueblo  wixárica (huichol) obtuvo la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Esta resolución se dio a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan.
Iván Guzmán, responsable del área de prensa del Frente en Defensa de Wirikuta, explicó que sobre el proyecto La Luz, de First Majestic, y de la filial mexicana Real Bonanza, el Consejo Wixárica interpuso un amparo y obtuvo esta resolución, con la cual un juzgado reconoció que se trata de un problema complejo.
Precisó que se trata de una suspensión a toda actividad de explotación, no de la cancelación de las concesiones que posee First Majestic. Apuntó que entre los elementos jurídicos que se revisarán están que la población no tuvo derecho a una consulta libre, bien informada y previa, tal como establece la legislación vigente, como es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es signatario.
Desde hace al menos año y medio, comunidades huicholas han demandado la cancelación del proyecto, poque incluye uno de sus territorios sagrados, quizá el más importante.
Santos de la Cruz, uno de los voceros wixáricas, señaló que "así como para los guadalupanos La Villa es importante su templo, para nosotros es Wirikuta".
De 6 mil 326 hectáreas concesionadas por el gobierno federal a First Majestic, 70 por ciento corresponden a Wirikuta; en esas concesiones está incluida la antigua mina de Real de Catorce, que dejó de operar hace 22 años.
El Frente en Defensa de Wirikuta explicó que este territorio sagrado abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí; fue declarado Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural por el Gobierno de San Luis Potosí en 1994, y cuenta con cerca de 140 mil hectáreas.
En esta zona el gobierno federal otorgó al menos 38 concesiones para explotar los recursos mineros, lo cual pone en riesgo la biodiversidad, la continuidad del ecosistema del Desierto Chihuahuense, la calidad del agua, la salud de la población y al pueblo Wixárika, precisó el frente.
En un comunicado señaló que "ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo inamovible de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas agroindustriales y minero metalúrgicas, el pueblo wixárika presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a escala nacional e internacional". La resolución –de la que se desconocen más detalles, ya que las autoridades de las comunidades aún no deciden divulgar la información– les fue entregada la semana pasada, y en términos generales plantea la suspensión provisional de la explotación.
El gobierno federal debe consultar al pueblo wixárika y obtener su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con la legislación vigente, a fin de garantizar de manera efectiva sus derechos fundamentales, indicó. el frente.

Wirikuta representa para la cosmogonía wixárika el lugar en donde se fundan las esencias de vida y el nacimiento del Sol, lo cual representa un elemento indispensable de su identidad cultural y para su subsistencia como pueblo originario, precisó.

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