25 de febrero de 2012
Miguel Rubio
El Ayuntamiento de La Paz consideró improcedente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero San Antonio de la empresa La Pitalla. / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur.- Ante la serie de discusiones, debates y polémicas que se han dado en los diferentes ámbitos económicos, ambientalistas, académicos y hasta políticos, el Honorable Cabildo de La Paz en pleno rechazó ayer la instalación de la minería extensiva y toxica promovida por la compañía Minera La Pitalla, S. A. de C. V., luego de manifestar que su posición en este tema es a favor del desarrollo sustentable y precisar que no encontraron factibilidad ni viabilidad para dar un sí para autorizar el uso de suelo.
En ese sentido, el Cabildo de La Paz, explicó que es inminente la afectación y daños -en el supuesto de instalarse- que provocaría, tanto para la supervivencia de flora y fauna endémicos, y las consecuencias severas que se producirían para las actividades económicas agropecuarias y turísticas de la región por la segura contaminación del suelo y del aire por el traslado natural y humanos de desechos.
Asimismo, los integrantes del H. Cabildo encabezado por la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, manifestaron que con ello se debilitaría la reserva de agua destinada al uso cotidiano para agricultura y ganadería por el cambio de uso de agua hacia la industria minera, aumentando la insalubridad de los mantos acuíferos subterráneos por la filtración de contaminantes en escurrimientos y arroyos que deriven de manera natural a las zonas costeras del golfo de California y del océano Pacífico .
Y se agudizarían los daños por el arrastre natural y el traslado de materiales tóxicos de metales pesados como el cianuro y el arsénico, lo que significaría graves riesgos para la salud humana, afectada de por sí en zona por el ancestral e irracional explotación minera que se realizó hace poco más de siglo y medio y cuyos efectos aún se padecen en esta importante región de nuestro municipio.
En ese contexto, señalaron que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado por la Constitución Política del país, la del Estado de Baja California Sur, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento de la Administración Publica Municipal y el Reglamento de Protección del Medio Ambiente del Municipio de La Paz, para principalmente regular, ordenar, vigilar y orientar todo lo relativo al medio ambiente de su jurisdicción territorial y desde luego para planear el desarrollo urbano y ejecuta todas las medidas pertinentes para garantizar el uso de suelo de acuerdo con los planes y programas aprobados.
Toda vez que de manera formal, al Ayuntamiento de La Paz le fue solicitada su opinión respecto del impacto ambiental del denominado Proyecto Minero San Antonio, promovido por la empresa La Pitalla, petición que fue hecha por las autoridades federales, específicamente por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental (ambas de la SEMARANAT), a la cual recientemente se le dio la contestación por las instancias administrativas municipales facultadas para ello, conforme a derecho, y sin menoscabo de las atribuciones que como gobierno o municipal tenemos los suscritos para resolver sobre el particular .
Por lo anteriormente expuesto, y fundado, nuestra posición en ese tema es No a la minera extensiva y toxica, concluye el Cabildo de La Paz.
La Paz, Baja California Sur.- Ante la serie de discusiones, debates y polémicas que se han dado en los diferentes ámbitos económicos, ambientalistas, académicos y hasta políticos, el Honorable Cabildo de La Paz en pleno rechazó ayer la instalación de la minería extensiva y toxica promovida por la compañía Minera La Pitalla, S. A. de C. V., luego de manifestar que su posición en este tema es a favor del desarrollo sustentable y precisar que no encontraron factibilidad ni viabilidad para dar un sí para autorizar el uso de suelo.
En ese sentido, el Cabildo de La Paz, explicó que es inminente la afectación y daños -en el supuesto de instalarse- que provocaría, tanto para la supervivencia de flora y fauna endémicos, y las consecuencias severas que se producirían para las actividades económicas agropecuarias y turísticas de la región por la segura contaminación del suelo y del aire por el traslado natural y humanos de desechos.
Asimismo, los integrantes del H. Cabildo encabezado por la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, manifestaron que con ello se debilitaría la reserva de agua destinada al uso cotidiano para agricultura y ganadería por el cambio de uso de agua hacia la industria minera, aumentando la insalubridad de los mantos acuíferos subterráneos por la filtración de contaminantes en escurrimientos y arroyos que deriven de manera natural a las zonas costeras del golfo de California y del océano Pacífico .
Y se agudizarían los daños por el arrastre natural y el traslado de materiales tóxicos de metales pesados como el cianuro y el arsénico, lo que significaría graves riesgos para la salud humana, afectada de por sí en zona por el ancestral e irracional explotación minera que se realizó hace poco más de siglo y medio y cuyos efectos aún se padecen en esta importante región de nuestro municipio.
En ese contexto, señalaron que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado por la Constitución Política del país, la del Estado de Baja California Sur, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento de la Administración Publica Municipal y el Reglamento de Protección del Medio Ambiente del Municipio de La Paz, para principalmente regular, ordenar, vigilar y orientar todo lo relativo al medio ambiente de su jurisdicción territorial y desde luego para planear el desarrollo urbano y ejecuta todas las medidas pertinentes para garantizar el uso de suelo de acuerdo con los planes y programas aprobados.
Toda vez que de manera formal, al Ayuntamiento de La Paz le fue solicitada su opinión respecto del impacto ambiental del denominado Proyecto Minero San Antonio, promovido por la empresa La Pitalla, petición que fue hecha por las autoridades federales, específicamente por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental (ambas de la SEMARANAT), a la cual recientemente se le dio la contestación por las instancias administrativas municipales facultadas para ello, conforme a derecho, y sin menoscabo de las atribuciones que como gobierno o municipal tenemos los suscritos para resolver sobre el particular .
Por lo anteriormente expuesto, y fundado, nuestra posición en ese tema es No a la minera extensiva y toxica, concluye el Cabildo de La Paz.
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