Ordenan a mineras suspender actividades en la zona sagrada huichol de Wirikuta

28 febrero 2012

                 El pueblo wixárica pidió amparo contra First Majestic y la filial mexicana Real Bonanza

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• Foto: Vanguardia/Especial

México, DF. El pueblo  wixárica (huichol) obtuvo la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Esta resolución se dio a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan.
Iván Guzmán, responsable del área de prensa del Frente en Defensa de Wirikuta, explicó que sobre el proyecto La Luz, de First Majestic, y de la filial mexicana Real Bonanza, el Consejo Wixárica interpuso un amparo y obtuvo esta resolución, con la cual un juzgado reconoció que se trata de un problema complejo.
Precisó que se trata de una suspensión a toda actividad de explotación, no de la cancelación de las concesiones que posee First Majestic. Apuntó que entre los elementos jurídicos que se revisarán están que la población no tuvo derecho a una consulta libre, bien informada y previa, tal como establece la legislación vigente, como es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es signatario.
Desde hace al menos año y medio, comunidades huicholas han demandado la cancelación del proyecto, poque incluye uno de sus territorios sagrados, quizá el más importante.
Santos de la Cruz, uno de los voceros wixáricas, señaló que "así como para los guadalupanos La Villa es importante su templo, para nosotros es Wirikuta".
De 6 mil 326 hectáreas concesionadas por el gobierno federal a First Majestic, 70 por ciento corresponden a Wirikuta; en esas concesiones está incluida la antigua mina de Real de Catorce, que dejó de operar hace 22 años.
El Frente en Defensa de Wirikuta explicó que este territorio sagrado abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí; fue declarado Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural por el Gobierno de San Luis Potosí en 1994, y cuenta con cerca de 140 mil hectáreas.
En esta zona el gobierno federal otorgó al menos 38 concesiones para explotar los recursos mineros, lo cual pone en riesgo la biodiversidad, la continuidad del ecosistema del Desierto Chihuahuense, la calidad del agua, la salud de la población y al pueblo Wixárika, precisó el frente.
En un comunicado señaló que "ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo inamovible de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas agroindustriales y minero metalúrgicas, el pueblo wixárika presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a escala nacional e internacional". La resolución –de la que se desconocen más detalles, ya que las autoridades de las comunidades aún no deciden divulgar la información– les fue entregada la semana pasada, y en términos generales plantea la suspensión provisional de la explotación.
El gobierno federal debe consultar al pueblo wixárika y obtener su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con la legislación vigente, a fin de garantizar de manera efectiva sus derechos fundamentales, indicó. el frente.

Wirikuta representa para la cosmogonía wixárika el lugar en donde se fundan las esencias de vida y el nacimiento del Sol, lo cual representa un elemento indispensable de su identidad cultural y para su subsistencia como pueblo originario, precisó.

http://www.vanguardia.com.mx/ordenanaminerassuspenderactividadesenlazonasagradahuicholdewirikuta-1228247.html

Piden rechazar proyecto minero canadiense cercano a planta nuclear en México

                 AFP | Fecha: 02/27/2012

El gobierno del estado mexicano de Veracruz (este) pidió este lunes que se rechace el proyecto de la canadiense Goldgroup para desarrollar una mina de oro cerca de la planta nuclear de Laguna Verde, por considerar que crea riesgos al medioambiente y la población.
El gobernador de Veracruz expresó a la prensa que el rechazo es motivado por el análisis de decenas de estudios que revelaron que el proyecto de Caballo Blanco "generaría impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región, y un alto grado de riesgo para la población".
Goldgroup ha solicitado a la secretaría de medio ambiente autorización para desarrollar el proyecto de Caballo Blanco, con capacidad de producir unas cien mil onzas anuales de oro.
El texto del gobierno de Veracruz en que pide se niegue la autorización subrayó que en esa zona, además de la planta de energía nuclear, "se concentran actividades delicadas y estratégicas de importancia nacional" que podrían correr peligro.
Entre ellas mencionó que por el territorio pasan cinco líneas de conducción de la petrolera estatal Pemex y de transmisión de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
El emprendimiento minero estaría instalado en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en el estado de Veracruz, ubicado a unos 400 km al oeste de la capital mexicana y sobre el Golfo de México.
Caballo Blanco despertó el rechazo rotundo de organizaciones ambientalistas que a comienzos de enero advirtieron que su implementación "podría incrementar el riesgo de un accidente nuclear".
Laguna Verde es la única planta de energía nuclear de México y sus reactores generan cada año 4.782 GW, equivalentes a 3% del consumo nacional.
El gobierno de Veracruz dijo que ordenó unos 70 estudios para tomar su decisión, y que fueron elaborados por varias instituciones educativas, incluyendo una española.
str-jg/hov/dg
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-27/piden-rechazar-proyecto-minero-canadiense

Mineria - Los tentáculos canadienses

“El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.”

Veronica Espinosa . Revista Proceso. Edición 1842 – Febrero 2012

La lucha en defensa del ambiente que ciudadanos y pueblos indígenas libran contra la minería –particularmente la canadiense– no podría tener peor saldo al final de este sexenio: persecución penal y exilio de activistas, desplazamiento de comunidades, devastación ecológica y asesinato de sus líderes.

En contraparte el gobierno federal duplicó en poco más de una década el número de concesiones y terrenos entregados a los consorcios mineros canadienses, que han encontrado en las autoridades mexicanas la mejor comparsa para extender sus dominios, como lo están haciendo en casi toda América Latina.

Un balance de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –elaborado con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Economía (SE)– concluye que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se consumó abiertamente la entrega de decenas de concesiones mineras, gracias a las reformas legales que se avalaron en tiempos del PRI con ayuda de los panistas.

La mayoría de esas concesiones han sido entregadas a empresas de Canadá o con representación u oficinas en ese país, debido a las facilidades que a través del TLC y en términos fiscales brinda México para que aquéllas entren y apliquen sus sistemas de minería extractiva de tajo abierto, altamente contaminantes.

Asimismo prevalece la impunidad en el caso de los asesinatos de militantes de la REMA como Mariano Abarca en Chiapas (en 2009) y Bety Cariño en Oaxaca (en 2010) y se irrumpe en regiones sagradas de los pueblos indígenas o en reservas naturales, como ocurre en Real de Catorce en perjuicio de los huicholes. Además hay un detrimento irreversible de las fuentes de agua y se atenta contra las formas de vida de los pobladores de esas regiones (Proceso 1805 y 1831).

Para contrarrestar la desinformación sobre los efectos nocivos de la minería extractiva, organizaciones de varios países latinoamericanos integraron el pasado 29 de enero en Valle de Siria, Honduras, elMovimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) con la participación de delegaciones de México, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Estrategias comunes

La REMA surgió en 2008 durante un encuentro de la red civil Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Temacapulín, Jalisco, donde la resistencia comunal se enfrenta a la imposición del megaproyecto de la presa El Zapotillo. En asamblea celebrada en Guanajuato a fines de 2010, los grupos de la REMA concluyeron que actualmente la minería extractiva es la actividad de mayor impacto social y ambiental negativo, por encima de las represas.

En conversación con Proceso, Gustavo Castro, de laREMA, afirma: “En Chiapas a la minería se le han entregado más de un millón de hectáreas, como parte de los compromisos del gobierno de garantizarles la seguridad en la explotación; no quieren problemas con ejidos o comunidades. Y así va la cosa en Oaxaca, Sonora o Zacatecas”.

Los daños en todos los ámbitos son colosales. “No es lo mismo que hacer una carretera, caso en el que se expropia tierra y los ejidatarios quedan de un lado o del otro. Con la minería les quitan la tierra y el agua y los enferman. Las mineras dejan 1 o 2% de recursos al país y lo demás se lo llevan. Y la explotación de agua y bosques es irreversible”, dice.

Información de la SE revela que sólo en 2007 –primer año de gobierno de Calderón– las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y se dieron dos mil 424 concesiones, equivalentes a 10% de todas las vigentes hasta ese año.

Por eso “va creciendo y avanzando el movimiento social buscando estrategias comunes, no sólo en México sino en Latinoamérica, contra la minería. Es uno de los proyectos que más está generando reacción comunitaria”, dice Castro.

Centroamérica, afectada

La impunidad de los asesinatos de líderes como Abarca es otra de las causas fundamentales de que se busque una mejor organización. “Hay otro tipo de afectaciones: cárcel a líderes comunitarios, amenazas de muerte, represión. Falta que con los cambios a la Ley de Seguridad se argumente terrorismo”, ironiza Gustavo Castro.

El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.

Hay casos paradigmáticos en la región, que son motivo para que los activistas dirijan sus baterías hacia esa industria, como la contaminación con plomo y las enfermedades de los habitantes del Valle de Siria, en Honduras, donde operó Gold Corp.

En Guatemala la actividad de Minera Marlin ha tocado territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay una recomendación desatendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa empresa suspenda actividades.

En El Salvador, Pacific Rim incluso demandó al país por una suma multimillonaria debido a la obligada suspensión de actividades… además de que cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.

En México destaca la incursión, con nuevas concesiones mineras, en el territorio sagrado Wirikutaen San Luis Potosí. Antes estaba la lucha ciudadana contra la instalación y operación de la Minera San Xavier (filial de la canadiense New Gold) en Cerro de San Pedro, una zona protegida que ha quedado devastada por el uso de la técnica de tajo abierto.

En este caso se suma la persecución del exgobernador potosino Marcelo de los Santos contra algunos activistas, uno de los cuales, el abogado Enrique Rivera Sierra, se vio obligado a salir del país luego de que en abril de 2006 fue golpeado por “guardias blancas” de la Minera San Xavier y el gobierno, en lugar de atender su denuncia, enderezó una acusación en su contra por sedición.

Es obvio, dice Gustavo Castro, que el interés por la extracción de oro va en aumento por la crisis económica mundial y por la inestabilidad del dólar y del euro. Los inversionistas buscan las mejores garantías para sus capitales “y el oro lo es”.

Los gobiernos otorgan todas las facilidades y se encargan de dar seguridad a las empresas en materia de tenencia de la tierra. “Pero cuando la empresa se va, el gobierno se queda con todo el problema socioambiental, sin recursos y sin agua”, como ya se vio en Honduras y otros países.

El M4 ya trabaja en articular nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de los derechos humanos. “Prácticamente hemos hecho de todo y las mineras siguen avanzando, aunque la creatividad de la lucha en la región es increíble”.

Del otro lado, la embajada de Canadá en Méxicodistribuye un manual para difundir los beneficios de la minería, con orientación para facilitar la negociación con las comunidades indígenas y campesinas para poder hacer la extracción de minerales. “Es decir”, señala Castro, “también hay una actividad muy fuerte del gobierno canadiense, con apoyo del mexicano”.

En adelante para la REMA y el M4 el reto es “hacer conciencia efectiva del impacto que la minería en México tiene y tendrá si continúa este avance. Hace falta más información”.

Proceso (México)

Desde: http://www.movimientom4.org/2012/02/mineria-los-tentaculos-canadienses/

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Enlaces de interes:

http://www.remamx.org

http://www.movimientoM4.org

http://faoantimsx.blogspot.com

http://frenteendefensadewirikuta.org

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Publicado por Proyecto Cerro para Proyecto Cerro el 2/29/2012 09:30:00 AM 

Gobierno estatal rechaza la mina Caballo Blanco

El Gobierno del Estado de Veracruz manifestó oficialmente su rechazo a la instalación de la mina Caballo Blanco de la empresa Goldgroup.

El Sol de Córdoba

27 de febrero de 2012

Boca del Río, Veracruz.- El Gobierno del Estado de Veracruz manifestó oficialmente su rechazo a la instalación de la mina Caballo Blanco de la empresa Goldgroup, por considerar que no es un proyecto viable y que es incompatible con las características ambientales de la zona donde pretende operar, así lo dio a conocer el gobernador Javier Duarte de Ochoa, durante la jornada ambiental que se realizó en Boca del Río y otros puntos de la entidad.

El mandatario estatal dijo que "una extracción minera de estas características generaría impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región, y un alto grado de riesgo para la población".

Por estas razones, agregó, "he girado instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente para presentar, el día de mañana, de manera formal ante las instancias correspondientes, la opinión del Gobierno de Veracruz en el sentido de no avalar la construcción y operación de la mina Caballo Blanco" en el Cerro de la Paila, ubicado entre los municipios de Actopan y Alto Lucero.

Mencionó que días antes solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) realizar un análisis técnico detallado del manifiesto de impacto ambiental de la mina Caballo Blanco, que presentó la empresa minera Goldgroup. En este análisis participaron de manera interinstitucional las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Social, Protección Civil, Salud y Desarrollo Económico, así como la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local.

"La política de mi Gobierno está basada en dar certeza y seguridad a los ciudadanos, este es el compromiso que cumpliremos a cabalidad y que tiene que ver con el presente y el futuro de Veracruz y los veracruzanos", añadió.

El Ejecutivo estatal, dijo además que su gobierno ha estado muy atento del proceso que lleva el proyecto de la mina a cielo abierto ante las autoridades federales, quienes por ley son las facultadas para emitir los permisos de operación de este tipo de empresas.

Enfático señaló que en Veracruz se respaldan las inversiones y los proyectos que estén orientados en la sustentabilidad, los cuales, además de generar bienestar para los ciudadanos, deben garantizar la protección al entorno y preservar los ecosistemas.

Duarte de Ochoa agregó que el gobierno estatal también ha estado muy atento a las opiniones y posturas que sobre este tema han emitido instituciones académicas, expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, así como de ciudadanos en lo general, "quienes en su conjunto han pedido a mi administración interactuar con las instancias federales, con el fin de garantizar a los veracruzanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y seguro", expresó.

Aseguró que su gobierno seguirá trabajando en la construcción de un "Veracruz más sano, más limpio y más verde".

El gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado del secretario del Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez; de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, Ainara Rementería Coello; del alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, entre otros, participó desde esta ciudad en la jornada ambiental Limpiemos Nuestro México, organizada por una televisora.

http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n2445941.htm

¡NO! a la minería toxica a cielo abierto

El Sudcaliforniano

25 de febrero de 2012

Miguel Rubio

 

El Ayuntamiento de La Paz consideró improcedente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero San Antonio de la empresa La Pitalla. / El Sudcaliforniano

La Paz, Baja California Sur.- Ante la serie de discusiones, debates y polémicas que se han dado en los diferentes ámbitos económicos, ambientalistas, académicos y hasta políticos, el Honorable Cabildo de La Paz en pleno rechazó ayer la instalación de la minería extensiva y toxica promovida por la compañía Minera La Pitalla, S. A. de C. V., luego de manifestar que su posición en este tema es a favor del desarrollo sustentable y precisar que no encontraron factibilidad ni viabilidad para dar un sí para autorizar el uso de suelo.

En ese sentido, el Cabildo de La Paz, explicó que es inminente la afectación y daños -en el supuesto de instalarse- que provocaría, tanto para la supervivencia de flora y fauna endémicos, y las consecuencias severas que se producirían para las actividades económicas agropecuarias y turísticas de la región por la segura contaminación del suelo y del aire por el traslado natural y humanos de desechos.

Asimismo, los integrantes del H. Cabildo encabezado por la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, manifestaron que con ello se debilitaría la reserva de agua destinada al uso cotidiano para agricultura y ganadería por el cambio de uso de agua hacia la industria minera, aumentando la insalubridad de los mantos acuíferos subterráneos por la filtración de contaminantes en escurrimientos y arroyos que deriven de manera natural a las zonas costeras del golfo de California y del océano Pacífico .

Y se agudizarían los daños por el arrastre natural y el traslado de materiales tóxicos de metales pesados como el cianuro y el arsénico, lo que significaría graves riesgos para la salud humana, afectada de por sí en zona por el ancestral e irracional explotación minera que se realizó hace poco más de siglo y medio y cuyos efectos aún se padecen en esta importante región de nuestro municipio.

En ese contexto, señalaron que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado por la Constitución Política del país, la del Estado de Baja California Sur, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento de la Administración Publica Municipal y el Reglamento de Protección del Medio Ambiente del Municipio de La Paz, para principalmente regular, ordenar, vigilar y orientar todo lo relativo al medio ambiente de su jurisdicción territorial y desde luego para planear el desarrollo urbano y ejecuta todas las medidas pertinentes para garantizar el uso de suelo de acuerdo con los planes y programas aprobados.

Toda vez que de manera formal, al Ayuntamiento de La Paz le fue solicitada su opinión respecto del impacto ambiental del denominado Proyecto Minero San Antonio, promovido por la empresa La Pitalla, petición que fue hecha por las autoridades federales, específicamente por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental (ambas de la SEMARANAT), a la cual recientemente se le dio la contestación por las instancias administrativas municipales facultadas para ello, conforme a derecho, y sin menoscabo de las atribuciones que como gobierno o municipal tenemos los suscritos para resolver sobre el particular .

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, nuestra posición en ese tema es No a la minera extensiva y toxica, concluye el Cabildo de La Paz.

http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2443136.htm

Veracruz: en medio de protestas, inicia consulta sobre proyecto minero

Regina Martínez

22 de febrero de 2012

La protesta de los ambientalistas en la Plaza Lerdo.
Foto: Miguel Ángel Carmona

XALAPA, Ver. (apro).- En medio de protestas de grupos ambientalistas, este miércoles se realizó la consulta pública de información sobre el proyecto minero Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, donde se fijaron diversas posturas a favor y en contra de la explotación de oro en esa zona.

Mientras en la cabecera municipal de Alto Lucero se realizaba el foro organizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en esta ciudad se llevó a cabo una jornada de información donde se recabaron miles de firmas ciudadanas para rechazar el proyecto.

En el foro se inscribieron alrededor de 70 ponencias en las que se expusieron distintos puntos de vista sobre el proyecto minero, que ha generado controversia entre autoridades federales, estatales, municipales y grupos civiles y de especialistas que se oponen a la explotación de los recursos mineros por parte de una empresa canadiense en esta región veracruzana.

De acuerdo con información recibida por los ecologistas que instalaron una mesa en la Plaza Lerdo de esta ciudad, a Alto Lucero arribó un convoy del Ejército mexicano que se instaló en las inmediaciones del municipio, lo que encendió más las protestas de quienes se oponen al proyecto.

Durante el foro público, al que asistieron más de 200 personas, los ponentes fueron interrumpidos durante su exposición por los ambientalistas, quienes les pidieron dejar de “decir mentiras”.

Areth Landa, de Ciudadanos Libres, subrayó que si los grupos civiles no se hubieran movido para denunciar este proyecto “que ya se venía desarrollando por debajo del agua con el apoyo de las autoridades de todos los niveles”, nunca se hubiera llevado a cabo este foro de consulta.

Los riesgos que hay, no sólo para el medio ambiente sino también para la salud y la vida con la puesta en marcha de este proyecto, dijo, ya se han visto en otras entidades como San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, donde empresas de origen canadiense también están explotando el subsuelo mexicano para extraer oro.

El riesgo mayor de la mina en la región de Alto Lucero, subrayó, es que se encuentra dentro del polígono de la planta nuclear de Laguna Verde, ubicado en la comunidad de Palma Sola, del mismo municipio, “por lo que es obvio que el proyecto Caballo Blanco está funcionando gracias a intereses oscuros de autoridades de todos los niveles de gobierno”.

Y mientras las autoridades responsables de autorizar la instalación y explotación de la mina emiten su resolutivo a partir de este foro, organizaciones sociales y civiles continúan manifestando su rechazo a dicho proyecto, como es el caso del Movimiento Urbano Popular de México, Convención Democrática y el Colectivo de Organizaciones Mexicanas por la Justicia Social y ambiental.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones manifestaron su preocupación sobre el proyecto minero a cielo abierto, “que pone en peligro la seguridad nacional por estar ubicado a sólo tres kilómetros en línea recta a la central nuclear de Laguna Verde”, en los municipios de Alto Lucero y Actopan.

El proyecto minero denominado Caballo Blanco, auspiciado por la empresa canadiense Gold Group, a través de CONDYMIN S.A. de CV., abarca un área de 19 mil 650 hectáreas  entre los municipios de Alto Lucero y Actopan, y parte de la mina está localizada en los cerros La Paila y La Cruz, enfrente de la planta de Laguna Verde.

“Se trata del tipo de minería conocido como a cielo abierto, y para su operación se requerirán grandes movimientos de tierra a razón de una tonelada por aproximadamente dos gramos de oro y, como es común en otros proyectos similares, usarán mil filtros de agua para obtener una onza”, cuestionaron los grupos ambientalistas.

Este proyecto minero, refirieron, prevé una producción anual de 100 mil onzas de oro a partir de 2012 con una duración de 10 años, según información publicada por la misma empresa, que ha dicho que se colocaran miles de toneladas de material removido, con cianuro, “en la cabeza de cuenca de la región, en lagunas de lixiviación”.

Por ello, consideraron que el proyecto minero representa una amenaza, “puesto que se está poniendo en riesgo la operación de la central nuclear bajo estándares de seguridad internacional al configurarse a nivel mundial como la única nucleoeléctrica con una industria minera en su radio de seguridad”.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente en Veracruz, Víctor Alvarado, aseguró que si la empresa no cumple con la normatividad ambiental vigente y no garantiza que sus actividades sean acordes con el desarrollo sustentable de la entidad, el gobierno del estado “no avalará” el desarrollo de la mina a cielo abierto Caballo Blanco.

“Todo proyecto que se pretenda establecer en la entidad debe cumplir con la exigencia establecida por las leyes y las normas en la materia, en función de considerar al medio ambiente como parte integral de su desarrollo y garantizar que la afectación no sea mayor al impulso que genere”, dijo el funcionario a través de un comunicado de prensa.

En este caso, señaló que al formar parte del consejo consultivo en materia ambiental, el gobierno estatal, a través de la dependencia a su cargo, emitirá una opinión a más tardar el 27 de este mes, a partir de los resultados de esta consulta y de la opinión de expertos y académicos con respecto a los impactos que podría provocar el proyecto minero.
http://www.proceso.com.mx/?p=299080