LA MINERIA - engaño social y devastación ecológica

RECORDANDO A UNA GUERRERA - BETY CARIÑO

BAJA CALIFORNIA SUR EN PELIGRO

sábado, 25 de agosto de 2012

Comer o no comer: ¿quién decide?


Silvia Ribeiro *
25-08-2012
Como serpiente que se muerde la cola, el sistema alimentario industrial –que es el principal causante del cambio climático global– se sacude por las pérdidas de cosechas debido a intensas sequías en Estados Unidos. En algunas partes, aunque hay cosecha, no se puede usar porque por falta de lluvia las plantas no procesan los fertilizantes sintéticos y se vuelven tóxicas para el consumo. Todo está relacionado al mismo sistema industrial: semillas uniformes, sin biodiversidad, con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con alto uso de transportes, energía y petróleo –por tanto gran emisor de gases de efecto invernadero– y controlado por trasnacionales.
En el caso del maíz, la escasez se exacerba porque 40 por ciento de la producción en Estados Unidos se destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de gente.
Al ser Estados Unidos uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo, junto al hecho de que 80 por ciento de la distribución global de cereales está en manos de cuatro multinacionales que gestionan el abasto para obtener más lucros, la baja de producción en ese país tiene efecto dominó sobre el mercado global, donde los precios de los alimentos están disparados. Además de los granos, suben los precios de aves, puercos y res, ya que más de 40 por ciento de la producción de cereales del mundo se usa como forraje para cría industrial confinada de animales. Otro absurdo del mismo sistema agroindustrial, ya que sería mucho más eficiente usar los cereales para alimentación humana y consumir menos carne, o que la cría fuera en pequeña escala con forrajes diversificados. La cría industrial confinada y masiva de animales es el origen, además, de epidemias como la gripe porcina y aviar, que a su vez generan escasez y aumento de precios, como hemos visto recientemente en México con el aumento de precio de los huevos por un brote de gripe aviar.
Los que más sufren por los aumentos de precios son los más pobres, principalmente los urbanos, que usan 60 por ciento de sus ingresos en alimentos.
Por el contrario, la veintena de transnacionales que controlan el sistema alimentario agroindustrial (de Monsanto a Wal Mart, pasando por Cargill, ADM, Nestlé y algunas más), las que controlan las semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la compra, distribución y almacenamiento de granos (también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como los supermercados, son los responsables de las crisis, pero se han blindado contra sus efectos –trasladando las pérdidas a los productores chicos, a los consumidores y al gasto público. Para ellas, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho más que la proporción al inicio de la cadena.
El caso del maíz en México es ilustrativo. Pese a que los agricultores del norte del país afirman tener 2 millones de toneladas para vender, recientemente se importaron 1.5 millones de toneladas de Estados Unidos (transgénico), y por otra parte venderá 150 mil toneladas a El Salvador y otra partida a Venezuela. Anteriormente había comprado medio millón de toneladas a Sudáfrica. Absurdo para el clima, por los transportes innecesarios, y brutal contra la producción nacional. Cuestionado, el secretario de Economía, Bruno Ferrari (anteriormente funcionario de Monsanto), se lavó las manos, alegando que es una decisión de empresas privadas.
El trasfondo, como explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Campo Mexicano (Ceccam), es que en el contexto de las políticas para liberalizar la producción agrícola nacional que precedieron a la firma del TLCAN, se desmanteló la Conasupo, que equilibraba el comercio interno de maíz, entregando el mercado interno a las trasnacionales: empresas como Cargill, ADM, Corn Products International, junto a grandes porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas. Éstas compran a quien les convenga, sea porque es más barato o por otras razones, como comprar a agricultores con los que tienen contratos de producción en Estados Unidos.
Ese tipo de empresas –y sus ex funcionarios en el gobierno, como Ferrari– son las que afirman que hay que importar maíz, porque la producción nacional no es suficiente. Sin embargo, México ha producido en los últimos años alrededor de 22 millones de toneladas anuales, y el consumo humano es de unos 11 millones. Se usan en derivados industriales otros 4 millones de toneladas, restando aún 7 millones. Pero las empresas importan 8-9 millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos –tambien de grandes empresas.
Si la cría fuera descentralizada y con forrajes diversos se tendría suficiente producción, sin epidemias y sin maíz transgénico de trasnacionales, con muchas más fuentes de trabajo rural. La importación de maíz a México no es necesaria, es sencillamente un negocio entre trasnacionales, condonado y subsidiado por el gobierno.
Si las políticas públicas protegieran la producción agrícola y pecuaria diversa y de pequeña escala, con semillas propias y públicas nacionales, se diversificarían los riesgos –incluso climáticos– y tendríamos producción alimentaria suficiente, accesible y de mucho mejor calidad.
*investigadora del Grupo ETC

viernes, 24 de agosto de 2012

Las luchas socioambientales, en su tinta

Javier López Osorio

Martes 14 de Agosto de 2012

jloos02@yahoo.com.mx

Primera parte

Existen ya intentos serios de articular en un discurso coherente las luchas socioambientales que se dan en diferentes territorios. Para nosotros resulta importante destacar aquellos relacionados con Latinoamérica y en especial en México, dentro de lo que venimos señalando como campo de la ecología política.

Son en principio luchas contestatarias, que contienen una serie de subjetividades basadas en valoraciones culturales, más allá de cuestiones mercantiles y ligadas a concepciones históricas de relacionarse con su entorno vital. Se centran, innegablemente, en un frente construido en valoraciones que desdeñan una normalidad capitalista y cuestionan de fondo las consideraciones occidentales de modernidad y progreso. Se consolidan en tanto sujetos históricos antagónicos contra el Estado y el capital, que preservan su continuidad en un tejido comunitario territorial que en los momentos de confrontación se activa como un sujeto comunitario, histórico.

Algunos estudiosos del tema han planteado este dilema como: “La construcción de los horizontes de sentido del sujeto comunitario se articulan históricamente con el pasado, siendo la memoria uno de los terrenos desde donde imaginar y rastrear luchas pasadas y sus modos de relación con la naturaleza no mercantiles, mediados por valores de uso que hacen posible pensar en alternativas más allá del capitalismo” (Navarro Trujillo). Que nos permitiría comprender de mejor manera los procesos de innovación comunitaria como formas de lucha presente contra el capital. Defensa histórica que en última instancia les ha permitido subsistir y reproducirse desde el ámbito cultural.

Es decir, existe una acumulación de experiencias, resultado de años de contención del capitalismo, que les ha permitido ir reconstruyendo sus luchas ante las diferentes facetas del desarrollo capitalista, sobre todo a partir de 1970.

Las referencias de estas luchas en América Latina son bastas y muy variadas que recorren Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Argentina, Perú y en casi todo Centroamérica.

Pero al igual que en el resto del continente, en México existen una gran infinidad de experiencias en todo el territorio que han comenzado a organizarse para encontrar una salida a los problemas de la tenencia de los bienes comunes, contra la contaminación, minería y sobreexplotación de los recursos naturales. Estas luchas están siendo protagonizadas principalmente por comunidades indígenas y campesinas, aunque también por comités vecinales, asambleas ciudadanas, organizaciones sociales y colectivos juveniles, quienes enfrentan proyectos y políticas de privatización de bienes comunes, de desarrollo urbano, inmobiliario, servicios e infraestructura carretera; tiraderos de basura; desarrollo de complejos turísticos y náuticos; construcción de presas e hidroeléctricas; grandes explotaciones de minería a cielo abierto; problemas de contaminación por el desarrollo industrial y su relación con fuertes problemas de salud; siembra de monocultivos y transgénicos; biopiratería y patentes sobre biodiversidad y saberes tradicionales, entre otras.

Todas ellas, de diferentes maneras y formas, vienen enfrentando y denunciando las prácticas de un capitalismo neoliberal que se ha basado en la violencia, despojo y destrucción de la comunidad natural y enajenación de los bienes públicos, para garantizar su propia expansión y reproducción. Constante histórica y permanente durante toda la historia y geografía del capitalismo rapaz.

Una historia regida por una lógica de acumulación, despojo y violencia de Estado, que ha producido y reproducido una ruptura de la relación armónica sociedad- naturaleza, devastación ecológica, sobreexplotación humana y natural con una creciente deuda ecológica; una profunda crisis civilizatoria, con tiempos urgentes para acelerar las alternativas y detener la destrucción. Estas luchas así lo han entendido.

Existe pues la plena seguridad de la existencia de un discurso dominante del poder para legitimar el saqueo y el despojo, más apremiante aún al considerarse amenazada su propia existencia. Basado en la propia experiencia acumulada, de la continuidad de prácticas hegemónicas que acarrean más pobreza y devastación, más injustica y desigualdad, hasta el punto de descubrirse prescindibles para esa lógica excluyente y concentradora de riqueza ajena. Evidenciando así el límite civilizatorio del capitalismo.

Estas luchas de confrontación y ruptura están ancladas a un territorio, a un tejido sociocultural cotidiano, que suele activarse intermitentemente ante un escenario conflictivo de lucha y permanencia. Resultando sujetos que rearticulan su discurso a través de experiencias acumuladas, anteponiendo intereses colectivos y enarbolando sus derechos sociales ante un Estado que cada vez menos se interesa por la atención de sus demandas. Esto movimientos, indiscutiblemente, se encuentran latentes y emergen en ciertos momentos de conflicto, desplegando un antagonismo, o mejor dicho haciendo evidente las contradicciones entre comunidad y capital, entre lo público y lo privado, entre el bien común y el individual.

De ahí el potencial subversivo que detentan, pues a través de su actos de oposición y cuestionamiento al orden establecido, están posibilitando la existencia de muchos de nosotros, entrando al terreno de la argumentación disruptiva que enjuicia los modelos de pensamiento unidimensional, creando espacios de emergencia dentro una discontinuidad institucional, viabilizando con ello el surgimiento de nuevas posibilidades de vida. Nuevos protagonismos, a partir de un nuevo antagonismo y subjetividad social sobre la base de “un presente como momento de oportunidad revolucionaria” (Buck-Morss), siguiendo la noción de Walter Benjamin sobre la redención del pasado en las luchas del presente.

Veremos más adelante elementos de esta coyuntura, frente al desarrollo de nuevas gestas en su articulación con luchas pasadas.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=6972

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!