LA MINERIA - engaño social y devastación ecológica

RECORDANDO A UNA GUERRERA - BETY CARIÑO

BAJA CALIFORNIA SUR EN PELIGRO

martes, 28 de julio de 2009

DAÑOS A CIELO ABIERTO

Mariana Rangel se llena de nostalgia cuando mira las instalaciones abandonadas de la mina Dos Estrellas, donde trabajó seis años como secretaria. "Eran tiempos prósperos y hoy sólo queda esto", dice la mujer a IPS mientras señala el área donde se ubicaba el antiguo hospital

MÉXICO, D.F. 24 julio 2009.- La comunidad de Tlalpujahua, un pueblo de estilo colonial a 160 kilómetros de la capital de México, bien puede ser símbolo de la grandeza ilusoria y los daños reales de la minería en este país. Entre 1905 y 1913 fue una de las mayores productoras de oro del mundo, y en 1959 fue liquidada por el gobierno por su escasa rentabilidad.

En un lapso de ocho años, de ese yacimiento que fue propiedad del belga François Joseph Fournier, se extrajeron 45.000 kilogramos de oro y 400.000 kilogramos de plata mediante las más modernas técnicas de la época.

Un siglo después del cenit de esta localidad de 8.000 habitantes, la minería de socavón, pero sobre todo la practicada a cielo abierto son objeto de una fuerte polémica, por los magros beneficios que dejan a las comunidades e incluso a los estados, que en cambio deben lidiar con su legado de contaminación.

Organizaciones no gubernamentales de diferentes lugares del mundo establecieron que este miércoles 22 de julio se conmemore el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto.

El caso más emblemático en México es la lucha de una década del movimiento no gubernamental Pro San Luis Ecológico contra la empresa Minera San Xavier, de capitales canadienses, y su explotación del Cerro San Pedro en el central estado de San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.

El movimiento de ecologistas y pobladores acusa a la compañía, filial de la canadiense New Gold (fusionada el año pasado con Metallica Resources) de contaminar los mantos acuíferos con cianuro empleado para separar el oro y la plata de la roca, de extraer agua en forma desmedida y de operar en una zona ecológica.

La minería ha sido parte fundamental de la historia de esa región. Los habitantes no se oponen a la explotación subterránea, que se practicó durante siglos. Pero rechazan la minería a cielo abierto, que consiste en abrir literalmente un enorme cráter en la montaña, de varios cientos de metros de profundidad, desplazando millones de toneladas de rocas luego tratadas con cianuro y agua.

Canadienses a la cabeza

"Es muy triste que la minería a cielo abierto esté en boga. Canadá ya se dio cuenta de que puede controlar a México con esas inversiones", dijo a IPS el abogado Héctor Barri, de Pro San Luis Ecológico, en referencia al predominio de las empresas canadienses en el sector minero.

Canadá encabeza la lista de países sedes de empresas trasnacionales con explotaciones a cielo abierto, con 51 por ciento de todo el capital minero. México ha sido más rico en plata que en oro, aunque su territorio alberga 23 depósitos minerales gigantes, que lo ubican entre los 12 mayores productores globales en al menos 18 elementos.

Estadísticas oficiales indican que, hasta el mes de junio, 263 compañías mineras con capital extranjero operaban 677 proyectos en México, 70 por ciento de ellas canadienses. En 26 de los 32 estados de este país hay corporaciones e inversiones extranjeras, que se concentran sobre todo en los norteños estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pro San Luis derrotó legalmente en dos ocasiones a Minera San Xavier, lo cual no ha impedido que ésta prosiga la explotación minera.

Entonces el movimiento llevó el caso a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), creada en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México dentro del marco de pactos ambientales complementarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La CCA contempla las peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación ambiental. En esa facultad se amparó en febrero de 2007 la solicitud de Pro San Luis Ecológico, argumentando que la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó leyes mexicanas al autorizar una licencia para explotar oro y plata a la Minera San Xavier.

Pero los fallos de la CCA no obligan al Estado demandado a acatarlas, por lo cual "son puros llamados a misa. La CCA no tiene fuerza coercitiva, es un juicio moral", subrayó Barri.

El 15 de julio, el Secretariado de la CCA, con sede en la ciudad canadiense de Québec, propinó un revés a los ambientalistas, al dictaminar improcedente la denuncia.

La CCA se escudó en la existencia de procedimientos legales en curso, la falta de información disponible al público por la confidencialidad de esos procedimientos y la posibilidad de duplicar esfuerzos, ya que hay expedientes judiciales en marcha sobre ese mismo caso.

Proceso sigue en México

Minera San Xavier obtuvo en febrero de 1999 permiso para explotar el Cerro San Pedro, a pesar de un decreto del gobierno estadual que lo declaraba zona ecológica.

"Nunca se debió otorgar el permiso a la minera, ahí empiezan los problemas. Es un caso flagrante de impunidad ambiental", sostuvo Barri.

Pro San Luis inició el procedimiento legal y en octubre de 2005 un tribunal federal declaró nula esa autorización. Pero en abril del año siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente extendió una nueva licencia ambiental a la empresa.

En mayo de este año un tribunal colegiado, compuesto por tres magistrados, volvió a dar la razón al movimiento ecologista. "Es el único caso en el mundo en que se ha ganado en los tribunales de forma clara y contundente. Pero, tristemente, las autoridades han omitido el cumplimiento", enfatizó Barri.

Ante ese panorama, Pro San Luis presentó el 14 de este mes una demanda penal contra el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Francisco Cuevas, y el magistrado Alejandro Sánchez por retraso en la aplicación de justicia, obstaculización y ejercicio indebido de función pública. Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que analizara ese expediente.

Quince casos peruanos ante la cidh

En Perú, uno de los mayores productores de minerales del mundo, la expansión del sector ha ido de la mano de las demandas comunitarias, trasladadas en algunos casos a instancias internacionales ante la débil respuesta de las autoridades nacionales.

En 2003, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), presentó 15 denuncias relacionadas con esta actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el Estado vulneraba derechos fundamentales de las poblaciones de zonas mineras.

Entre esos casos se encuentran el de los "relaves" (residuos tóxicos) de San Mateo de Huanchor en la occidental provincia limeña de Huarochiri, el derrame de mercurio de Choropampa en la norteña región de Cajamarca, el de los depósitos de minerales en el Callao, cerca de Lima, y el del complejo de fundiciones de La Oroya, en la región centro-andina de Junín.

"El Estado impulsa la minería como motor de su modelo económico, pero no aplica al mismo tiempo políticas públicas para proteger a la población de los impactos que genera esta actividad. Eso es un absurdo", dijo a IPS la abogada Marleni Canales, responsable de incidencia y políticas públicas de la Conacami.

De los 15 casos denunciados, la CIDH ordenó al Estado peruano medidas cautelares a favor de las poblaciones de San Mateo de Huanchor y de La Oroya.

San Mateo de Huanchor se ubica al noroeste de Lima, en la cuenca alta del río Rímac y a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde se practica la ganadería y la agricultura.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental en 2000, los residuos minerales allí tenían altas concentraciones de arsénico, plomo, zinc y cianuro.

La Conacami envió en abril de este año una nueva denuncia de incumplimientos a la CIDH solicitando que se pronunciara sobre el tema de fondo y pasara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene hasta septiembre para emitir su veredicto, según Canales.

Otro caso simbólico es el de La Oroya, cuya población está severamente afectada por los agentes tóxicos que emanan de la metalurgia que opera la empresa estadounidense Doe Run.

La planta de La Oroya procesa minerales que se extraen de al menos 30 yacimientos de la zona centro y sur del país que, la mayoría a cielo abierto. Después de muchos plazos extendidos y violados, Doe Run intenta nuevamente que el gobierno le dé más tiempo para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, fundamental para reducir las emanaciones tóxicas.

En 2007 la CIDH dispuso una medida cautelar a favor de 65 moradores de La Oroya, afectados por la contaminación. En este caso también se espera de la Comisión un dictamen y una elevación del proceso ante la Corte.

"Las instancias nacionales se han agotado, porque pese a todos los reclamos no se toman medidas efectivas. Lo que le queda a la población es presionar afuera porque ahora hay más interés en estos temas en el sistema internacional", dijo a IPS el economista José de Echave, responsable del Programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción.

Si una minera daña el ambiente en Perú puede recibir una multa máxima equivalente a 600 unidades impositivas tributarias (con un valor unitario de unos 1.166 dólares) mientras el castigo para las petroleras puede llegar a las 10.000 unidades.

En la mexicana Tlalpujahua, la cuestión hoy es recordar.

"México tiene mucha riqueza mineral, pero no tiene un gramo de memoria", dijo a IPS Gustavo Bernal, director del Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX, desarrollado en la antigua mina de Dos Estrellas.

"Con el museo queremos rescatar la cultura minera y mostrar el saqueo del que hemos sido víctimas desde hace décadas", dijo Bernal, cuyo abuelo, Arturo, fue jefe de talleres eléctricos en la mina y oriundo de Tlalpujahua, que significa "lugar de tierras esponjadas" en la antigua lengua náhuatl.

(IPS)

http://www.planetaazul.com.mx/www/2009/07/24/danos-a-cielo-abierto/


Piden regular Ley Minera para controlar explotación a cielo abierto

México, 24 Jul (Notimex).- El diputado Javier González Garza se pronunció por regular la Ley Minera, a fin de controlar la explotación a cielo abierto con el uso de productos químicos, porque esta actividad destruye los recursos naturales, inutiliza la tierra y pone en riesgo a la población.

Durante su participación en el foro "La minería de tajo a cielo abierto, sus impactos en la sociedad, el medio ambiente, la ecología y los recursos naturales", celebrado en San Lázaro, el legislaador dijo que "se requiere dar seguimiento del problema".

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señaló que "lo que queremos es impedir que se siga devastando la tierra en México, no sólo por ser un asunto ambiental sino por sus repercusiones humanas".

En el acto, el legislador perredista señaló que se ha autorizado a empresas transnacionales, muchas de ellas de Canadá, para que trabajen a cielo abierto en distintas zonas.

Ante ello, consideró que necesario impedir la entrega de recursos naturales a empresas mineras transnacionales que realizan actividades con químicos a cielo abierto, ya que ello causa daños irreversibles al medio ambiente y afecta a la población.

Mencionó que "la extracción a cielo abierto es un negocio redondo, pero no están calculado el daño de lo que significa la inutilización de la tierra y de que la gente de ese lugar tenga que emigrar".

Las empresas dedicadas a este giro determinan por vía satélite los lugares a explotar y producen daños irreversibles porque al utilizar cianuro dejan inutilizables los mantos acuíferos, las tierras y una vez que terminaron se marchan sin que reparen el daño o reciban una sanción.

González Garza señaló que la causa de este problema se debe a la corrupción, por lo que exhortó a las organizaciones de comunidades afectadas por la minería a unificarse para impedir la entrega de recursos nacionales al extranjero y plantear cambios a la Ley Minera.

Al dar su testimonio, Esteban Guzmán, proveniente de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, dijo que en las mineras del Norte y Peña Colorada impusieron un ejido de 53 mil hectáreas para explotar los minerales de la zona.

Reveló que el abandono de los gobiernos municipal, local y federal ha propiciado la explotación y discriminación de los habitantes de la comunidad de Ayotitlán.

La minera de Peña Colorada lleva 40 años de saqueo a "diestra y siniestra" de los minerales de la comunidad, así como la tala inmoderada y la retención del suministro de agua en el poblado.

En tanto que la minera de Peña Colorada se muelen mil 200 toneladas de roca por hora y se gastan tres mil litros de agua en la limpia del mineral. Sin embargo, en Ayotitlán no hay el líquido.

Ayotitlán es la comunidad más rica en minerales del país, ya que ha llegado a aportar 47.5 del hierro que se utiliza a nivel nacional.

http://mx.news.yahoo.com/s/24072009/7/mexico-piden-regular-ley-minera-controlar.html

miércoles, 22 de julio de 2009

MINERÍA-AMÉRICA LATINA: Daños a cielo abierto

Por Emilio Godoy*

TLALPUJAHUA, México, 22 jul (IPS) - Mariana Rangel se llena de nostalgia cuando mira las instalaciones abandonadas de la mina Dos Estrellas, donde trabajó seis años como secretaria. "Eran tiempos prósperos y hoy sólo queda esto", dice la mujer a IPS mientras señala el área donde se ubicaba el antiguo hospital.

La comunidad de Tlalpujahua, un pueblo de estilo colonial a 160 kilómetros de la capital de México, bien puede ser símbolo de la grandeza ilusoria y los daños reales de la minería en este país. Entre 1905 y 1913 fue una de las mayores productoras de oro del mundo, y en 1959 fue liquidada por el gobierno por su escasa rentabilidad.

En un lapso de ocho años, de ese yacimiento que fue propiedad del belga François Joseph Fournier, se extrajeron 45.000 kilogramos de oro y 400.000 kilogramos de plata mediante las más modernas técnicas de la época.

Un siglo después del cenit de esta localidad de 8.000 habitantes, la minería de socavón, pero sobre todo la practicada a cielo abierto son objeto de una fuerte polémica, por los magros beneficios que dejan a las comunidades e incluso a los estados, que en cambio deben lidiar con su legado de contaminación.

Organizaciones no gubernamentales de diferentes lugares del mundo establecieron que este miércoles 22 de julio se conmemore el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto.

El caso más emblemático en México es la lucha de una década del movimiento no gubernamental Pro San Luis Ecológico contra la empresa Minera San Xavier, de capitales canadienses, y su explotación del Cerro San Pedro en el central estado de San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.

El movimiento de ecologistas y pobladores acusa a la compañía, filial de la canadiense New Gold (fusionada el año pasado con Metallica Resources) de contaminar los mantos acuíferos con cianuro empleado para separar el oro y la plata de la roca, de extraer agua en forma desmedida y de operar en una zona ecológica.

La minería ha sido parte fundamental de la historia de esa región. Los habitantes no se oponen a la explotación subterránea, que se practicó durante siglos. Pero rechazan la minería a cielo abierto, que consiste en abrir literalmente un enorme cráter en la montaña, de varios cientos de metros de profundidad, desplazando millones de toneladas de rocas luego tratadas con cianuro y agua.

CANADIENSES A LA CABEZA

"Es muy triste que la minería a cielo abierto esté en boga. Canadá ya se dio cuenta de que puede controlar a México con esas inversiones", dijo a IPS el abogado Héctor Barri, de Pro San Luis Ecológico, en referencia al predominio de las empresas canadienses en el sector minero.

Canadá encabeza la lista de países sedes de empresas trasnacionales con explotaciones a cielo abierto, con 51 por ciento de todo el capital minero. México ha sido más rico en plata que en oro, aunque su territorio alberga 23 depósitos minerales gigantes, que lo ubican entre los 12 mayores productores globales en al menos 18 elementos.

Estadísticas oficiales indican que, hasta el mes de junio, 263 compañías mineras con capital extranjero operaban 677 proyectos en México, 70 por ciento de ellas canadienses. En 26 de los 32 estados de este país hay corporaciones e inversiones extranjeras, que se concentran sobre todo en los norteños estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pro San Luis derrotó legalmente en dos ocasiones a Minera San Xavier, lo cual no ha impedido que ésta prosiga la explotación minera.

Entonces el movimiento llevó el caso a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), creada en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México dentro del marco de pactos ambientales complementarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La CCA contempla las peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación ambiental. En esa facultad se amparó en febrero de 2007 la solicitud de Pro San Luis Ecológico, argumentando que la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó leyes mexicanas al autorizar una licencia para explotar oro y plata a la Minera San Xavier.

Pero los fallos de la CCA no obligan al Estado demandado a acatarlas, por lo cual "son puros llamados a misa. La CCA no tiene fuerza coercitiva, es un juicio moral", subrayó Barri.

El 15 de julio, el Secretariado de la CCA, con sede en la ciudad canadiense de Québec, propinó un revés a los ambientalistas, al dictaminar improcedente la denuncia.

La CCA se escudó en la existencia de procedimientos legales en curso, la falta de información disponible al público por la confidencialidad de esos procedimientos y la posibilidad de duplicar esfuerzos, ya que hay expedientes judiciales en marcha sobre ese mismo caso.

PROCESO SIGUE EN MÉXICO

Minera San Xavier obtuvo en febrero de 1999 permiso para explotar el Cerro San Pedro, a pesar de un decreto del gobierno estadual que lo declaraba zona ecológica.

"Nunca se debió otorgar el permiso a la minera, ahí empiezan los problemas. Es un caso flagrante de impunidad ambiental", sostuvo Barri.

Pro San Luis inició el procedimiento legal y en octubre de 2005 un tribunal federal declaró nula esa autorización. Pero en abril del año siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente extendió una nueva licencia ambiental a la empresa.

En mayo de este año un tribunal colegiado, compuesto por tres magistrados, volvió a dar la razón al movimiento ecologista. "Es el único caso en el mundo en que se ha ganado en los tribunales de forma clara y contundente. Pero, tristemente, las autoridades han omitido el cumplimiento", enfatizó Barri.

Ante ese panorama, Pro San Luis presentó el 14 de este mes una demanda penal contra el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Francisco Cuevas, y el magistrado Alejandro Sánchez por retraso en la aplicación de justicia, obstaculización y ejercicio indebido de función pública. Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que analizara ese expediente.

QUINCE CASOS PERUANOS ANTE LA CIDH

En Perú, uno de los mayores productores de minerales del mundo, la expansión del sector ha ido de la mano de las demandas comunitarias, trasladadas en algunos casos a instancias internacionales ante la débil respuesta de las autoridades nacionales.

En 2003, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), presentó 15 denuncias relacionadas con esta actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el Estado vulneraba derechos fundamentales de las poblaciones de zonas mineras.

Entre esos casos se encuentran el de los "relaves" (residuos tóxicos) de San Mateo de Huanchor en la occidental provincia limeña de Huarochiri, el derrame de mercurio de Choropampa en la norteña región de Cajamarca, el de los depósitos de minerales en el Callao, cerca de Lima, y el del complejo de fundiciones de La Oroya, en la región centro-andina de Junín.

"El Estado impulsa la minería como motor de su modelo económico, pero no aplica al mismo tiempo políticas públicas para proteger a la población de los impactos que genera esta actividad. Eso es un absurdo", dijo a IPS la abogada Marleni Canales, responsable de incidencia y políticas públicas de la Conacami.

De los 15 casos denunciados, la CIDH ordenó al Estado peruano medidas cautelares a favor de las poblaciones de San Mateo de Huanchor y de La Oroya.

San Mateo de Huanchor se ubica al noroeste de Lima, en la cuenca alta del río Rímac y a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde se practica la ganadería y la agricultura.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental en 2000, los residuos minerales allí tenían altas concentraciones de arsénico, plomo, zinc y cianuro.

La Conacami envió en abril de este año una nueva denuncia de incumplimientos a la CIDH solicitando que se pronunciara sobre el tema de fondo y pasara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene hasta septiembre para emitir su veredicto, según Canales.

Otro caso simbólico es el de La Oroya, cuya población está severamente afectada por los agentes tóxicos que emanan de la metalurgia que opera la empresa estadounidense Doe Run.

La planta de La Oroya procesa minerales que se extraen de al menos 30 yacimientos de la zona centro y sur del país que, la mayoría a cielo abierto. Después de muchos plazos extendidos y violados, Doe Run intenta nuevamente que el gobierno le dé más tiempo para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, fundamental para reducir las emanaciones tóxicas.

En 2007 la CIDH dispuso una medida cautelar a favor de 65 moradores de La Oroya, afectados por la contaminación. En este caso también se espera de la Comisión un dictamen y una elevación del proceso ante la Corte.

"Las instancias nacionales se han agotado, porque pese a todos los reclamos no se toman medidas efectivas. Lo que le queda a la población es presionar afuera porque ahora hay más interés en estos temas en el sistema internacional", dijo a IPS el economista José de Echave, responsable del Programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción.

Si una minera daña el ambiente en Perú puede recibir una multa máxima equivalente a 600 unidades impositivas tributarias (con un valor unitario de unos 1.166 dólares) mientras el castigo para las petroleras puede llegar a las 10.000 unidades.

En la mexicana Tlalpujahua, la cuestión hoy es recordar.

"México tiene mucha riqueza mineral, pero no tiene un gramo de memoria", dijo a IPS Gustavo Bernal, director del Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX, desarrollado en la antigua mina de Dos Estrellas.

"Con el museo queremos rescatar la cultura minera y mostrar el saqueo del que hemos sido víctimas desde hace décadas", dijo Bernal, cuyo abuelo, Arturo, fue jefe de talleres eléctricos en la mina y oriundo de Tlalpujahua, que significa "lugar de tierras esponjadas" en la antigua lengua náhuatl.

* Con aportes de Milagros Salazar (Lima). (FIN/2009)

Denuncian ecocidio de la subsidiaria de Metallica Resources

Opositores a Minera San Xavier protestan ante la sede de Canadá
Foto
Instalación de la protesta frente a la embajada de CanadáFoto Carlos Ramos Mamahua
Matilde Pérez U.

Entre expresiones de burla y agresiones físicas de solicitantes de visa en la embajada de Canadá, integrantes del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAOMX) iniciaron ayer una protesta de 48 horas ante esa sede en la ciudad de México. Hoy se sumarán otros grupos ambientalistas y sociales internacionales para declarar el día mundial contra la minería a cielo abierto.

Al cumplir 15 años de resistencia y 10 de sostener una lucha jurídica, habitantes de San Luis Potosí mostraron a los capitalinos los daños ambientales que en 30 meses de actividad ha dejado Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica Resources: destrucción del cerro San Pedro, de su flora y fauna; sobrexplotación del acuífero subterráneo y contaminación con cianuro de sodio de 32 millones de litros diarios de agua.

Con la muestra fotográfica Minera San Xavier, imágenes de un ecocidio, los activistas del FAOMX trataron de sensibilizar a solicitantes de visa. Pocos se detuvieron a observar y preguntar en torno a dicho desarrollo que también dejará una estela de daños a la salud del millón y medio de habitantes de la capital potosina y a los pobladores de otros cuatro municipios.

Esta es una resistencia pacífica. Lo que exigimos es la salida de esa trasnacional que, de acuerdo con su proyecto, extraerá 1.5 millones de onzas de oro, que apenas ocupan tres metros cúbicos, pero dejará cientos de hectáreas sin capacidad para desarrollar cualquier actividad productiva, y mil hectáreas bajo 700 millones de metros cúbicos de material contaminado con cianuro de sodio; un tajo de 1.5 kilómetros de largo y 300 metros de profundidad, miseria, enfermedades, abandono y migración, explicó Juan Carlos Ruiz Guadalajara, quien recibió un puñetazo de un solicitante de la visa.

Recordó que en 2005, el FAOMX logró que la autoridad judicial revocara el permiso a Minera San Xavier, pero el 10 de abril de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó otro permiso, por lo que la minera empezó a usar 16 toneladas diarias de cianuro de sodio y 7 toneladas de explosivos a 8 kilómetros de la capital.

La minera reconoce que los daños son severos e irreversibles, pero eso no impidió que el gobierno federal y el gobernador Marcelo de los Santos Fraga respaldaran el proyecto. Esperamos que el priísta Fernando Toranzo, al asumir el gobierno del estado, muestre que efectivamente hay un cambio en ese partido político y haga respetar la ley con la cancelación del permiso a la minera y se investigue toda la corrupción con la que operó Santos Fraga.

Hoy, se espera la presencia del grupo La Maldita Vecindad, y de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, entre otros.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/22/index.php?section=politica&article=012n1pol

El nuevo saqueo: minería a cielo abierto


Luis Hernández Navarro
21-07-2009

Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.
El malestar es grande. Entre abril y mayo de este año, 300 pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, en Zacatecas, bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp. no cumplió su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón. El descontento se ha extendido como reguero de pólvora por muchos estados. Los ciudadanos de San Luis Potosí se oponen a la explotación de oro y plata en la mina San Javier en Cerro de San Pedro. En Chihuahua, donde se ubican las mayores concesiones a las trasnacionales mineras, la resistencia campesina ha denunciado grandes abusos corporativos.
Alrededor de 3 mil personas de varios municipios de la sierra de Chiapas realizaron el pasado 14 de abril una marcha silenciosa en Motozintla para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera en la región, porque “sólo traen destrucción y muerte”. Las concesiones favorecen a la canadiense Black and Fire y a la estadunidense Liner Gold Corp. La protesta concluyó con una misa. En una carta, las siete parroquias de la zona expresaron la oposición de la Iglesia católica al desarrollo que fomenta desigualdades y atropella y excluye a personas.
El pasado 21 de abril, la policía oaxaqueña y la Federal reprimieron salvajemente a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, que desde el 16 de marzo habían bloqueado el acceso de la mina La Trinidad, de San José del Progreso, propiedad de Fortuna Silver.
El presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande (pueblo localizado en la parte central del estado de Puebla), Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presiona para que Australian Minerals Group lleve a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en la localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.
Muchas de esas empresas, como reportó La Jornada, son canadienses. No sólo están en nuestro país. Tienen el control de 51 por ciento del capital minero del planeta. Otras son estadunidenses, australianas, de Islas Vírgenes, argentinas, italianas, y también hay mexicanas.
Están aquí porque el gobierno de México les abrió la puerta. Hasta 2007 había otorgado 438 concesiones mineras, la mayoría a compañías del país de la hoja de maple. En Oaxaca facilitó 28 concesiones y entregó más de 70 mil hectáreas a las trasnacionales; en Chiapas obsequió 72. Más de la mitad de estas explotaciones en ese estado pertenecen a las corporaciones canadienses Linear Gold y Frontier Development Group, pero las comunidades no lo saben, pues no se les informó ni consultó. A pesar de que su inversión es relativamente reducida, las trasnacionales canadienses que operan en México poseen los proyectos más rentables en la explotación, desarrollo y producción de minas de oro y plata, lo que les ha permitido obtener las mayores utilidades del negocio.
Para protestar contra esta nueva forma de despojo colonial, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold), Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, convocó a celebrar el próximo 22 de julio el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. La jornada de lucha forma parte de una movilización pacífica que se efectuará frente a las embajadas canadienses en diversos países.
La minería a cielo abierto ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por sus efectos devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua con químicos, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, elimina la flora y fauna nativas y afecta la salud de los pobladores. Las localidades en las que se asientan los enclaves mineros reciben como pago una muy pequeña cantidad de la riqueza que se extrae de las entrañas de su tierra.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) efectuó su primera convención del 19 al 21 de junio de 2008, en la comunidad de Tamacapulín, Jalisco. Participaron cientos de personas, pertenecientes a organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, colectivos de estudiantes y académicos, provenientes de 12 estados del país. Su proceso organizativo está estrechamente vinculado con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
El primer encuentro de la Rema concluyó con la Declaración de Tamacapulín, la cual manifiesta: “contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado como concesiones mineras”.
El rechazo ciudadano a la minería a cielo abierto es, simultáneamente, expresión de la lucha por la liberación nacional desde el campo popular y combate por un modelo de desarrollo diferente, que pone en el centro el bienestar de las personas y la defensa del medio ambiente.

viernes, 17 de julio de 2009

Fuerte presencia de empresas mineras canadienses en México

México, 17 jul (PL) Las empresas mineras de Canadá poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos de las compañías con capital extranjero en México, informaron hoy.

Según un informe de la Secretaría de Economía estas operan millonarias sumas en el país, con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde se ubican.

Las autoridades esperan que la producción anual global de oro en México alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas, Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por compañías del norte del continente.

Sin embargo, los efectos para el medio ambiente son devastadores, alertaron, como ocurre con el caso de la Minera San Xavier en San Luís Potosí.

La fuerte presencia de las firmas mineras canadienses en esta nación se deben a la apertura y flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normativa que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento, recordó La Jornada.

Un reporte del rotativo advierte que el impacto ambiental y las violaciones de estas empresas canadienses han sido ampliamente documentadas en casi 20 países, muchos de ellos latinoamericanos.

Investigaciones sacan a flote daños en México como el de octubre de 1996, cuando se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua, responsabilidad de la compañía Manhattan Mining.

También en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes,igualmente en Chihuahua, se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique.

Sucesos similares han venido ocurriendo desde entonces advierten especialistas y grupos ecologistas.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=101790&Itemid=1

En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses

Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera

Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores

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Maquinaria de Minera San Xavier, propiedad canadiense, en Cerro de San Pedro, San Luis PotosíFoto María Meléndrez
Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).

Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.

La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.

Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.

La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.

Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.

Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.

En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.

Alianza ciudadana

Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.

Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.

Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.

Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.

Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.

Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/17/index.php?section=economia&article=021n1eco


lunes, 6 de julio de 2009

CONVOCATORIA DIA MUNDIAL CONTRA LA MINERIA A CIELO ABIERTO


http://kolektivoazul.blogspot.com/

Convocatoria

Día Mundial contra la minería a cielo abierto

Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta.
La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en muchas partes del mundo.
La minería en México tiene una larga historia.
La riqueza del subsuelo mexicano fue uno de los principales motivos de la conquista del siglo XVI. Al igual que en tierras indígenas en otras zonas del mundo, la minería revestía una enorme importancia para las fuerzas colonizadoras, pero para las comunidades indígenas significó lesiones, muerte, destrucción ambiental y empobrecimiento.
A pesar de la lucha por la tierra y el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910, persiste hasta hoy esta injusticia histórica.
Hoy son las empresas mineras principalmente canadienses las fuerzas colonizadoras en los países de tercer mundo e incluso también las que se siguen apoderando de las riquezas de los pueblos indígenas en Canadá.
Canadá en contraste con su “consciencia ecológica” es el pais puntero de la minería a cielo abierto en el mundo.
Las transnacionales canadienses poseen el 51% de todo el capital minero en el mundo. México es uno de los instumentos que le permiten a Canadá ser el “campeón minero”.
Las politicas neoliberales instrumentadas en mexico desde mediados de los años 80 e impulsados con la entrada del TLCAN han tenido una enorme importancia para las actividades mineras canadienses.
Además del debilitamiento de los derechos laborales, el amordazamiento de los movimientos sociales, la mano dura, la militarizacion y el desplazamiento de comunidades permiten la implementacion y la proteccion de estas corporaciones.
La mayor parte de las concesiones mineras otorgadas en México a empresas extranjeras pertenecen a Canadá.Hasta 2007 el gobierno de México ha otorgado 438 concesiones mineras en todo el país, la mayoría a empresas candienses, sólo en el estado de Chiapas, 72, que abarcan 727, 435 hectáreas, mas de la mitad de estas tierras están en manos de las canadienses Linear Gold y Frontier Development Group pero las comunidades no lo saben, no hubo información ni consultas.
Lo mismo sucede en las provincias de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Coahuila, la mayoría de estos proyectos se desarrollarán en comunidades indígenas y campesinas .
Para América Latina el mismo destino, proyectos de minas canadienses en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Guatemala, Brasil, Panamá, Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Surinam. En África: Ghana, Congo, Tanzania, Sudán, Zambia.
En Asia India, Indonesia, Papua... En Norteamérica: Estados Unidos, Canadá. Todo el mundo.

Es por esto que convocamos a una jornada de acción en contra de la minería a cielo abierto el día 22 de julio, realizando movilizaciones pacíficas en las embajadas canadienses de todo el mundo, mostrando el repudio a este tipo de minería que sólo deja desolación, pobreza y muerte para nuestros pueblos a cambio de enriquecer a unos pocos, siendo Canadá el principal promotor de esta actividad depredadora.

Conovca:
Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold), Cerro de San Pedro, S.L.P., Mèxico, cuya resistencia ha logrado el triunfo jurídico en contra de dicha empresa, sin embargo el gobierno neoliberal de Felipe Calderón, violando la ley sigue obedeciendo a los intereses transnacionales y la empresa sigue en operaciones.






En la imagen la destruccion de minera San Xavier en el Valle de San Luis. (Foto: Juan Carlos Ruiz G.)


San Luis Potosí defiende su futuro
06/06/2009


La ciudad y el estado de San Luis Potosí deben su nombre a su riqueza minera que se localizó, entre otros sitios, en el cerro de San Pedro, ubicado en las goteras de la señorial capital del estado. Pese a que sus yacimientos se han agotado, la ambición y voracidad de la empresa canadiense Minera San Xavier consiguió una nueva concesión para sobreexplotarlo, no obstante que hoy constituye un ejido dedicado a siembras diversas y al pastoreo de ganado menor.

Desde luego, en las laderas del cerro quedó el testimonio de lo rico que fueron las minas porque existe un hermoso pueblo del siglo XVII con todas sus construcciones coloniales y con un potencial turístico enorme, si se restauran algunas de sus edificaciones.

No obstante ello, la Semarnat otorgó un permiso para arrasar lomeríos y serranías para obtener algo de plata y oro que se supone existe, pero cuya extracción significa una depredación descomunal que, obviamente, no se justifica por los daños irreversibles que provoca para las actuales y futuras generaciones de potosinos.

Los ciudadanos responsables en la defensa de su patrimonio cultural y natural constituyeron la Asociación Pro-San Luis Ecológico que, después de diez años de lucha, acaban de ganar una queja contra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa lo obliga a que reconozca que la segunda autorización que Semarnat otorgó a la empresa minera canadiense Minera San Xavier es improcedente porque había quedado anulada la inicial y constituyó una burla el conceder una nueva, en idénticas condiciones que la anterior.

Es obvio que, como se podrá constatar, los daños ecológicos son irreparables pero, cada día que pasa, sin detener el avance de gigantescas explosiones y de máquinas arrasando cerros y planicies, los efectos fatales seguirán creciendo.

En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se está llevando a cabo en Cozumel, México no tendrá cara ante el mundo para hablar del tema.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!