Representantes de organizaciones indígenas de Ejutla y Ocotlán manifestaron su rotundo rechazo a la presencia de empresas mineras extranjeras dentro de su territorio.
Señalaron que las autoridades de gobierno no han respetado sus acuerdos de asamblea donde los pueblos indígenas han manifestado que no permitirán la explotación de minas y mucho menos que estas compañías destruyan sus recursos naturales, principalmente los que tienen que ver con el agua.
Exigieron al gobierno del estado que no permita que sus funcionarios pretendan engañar a las comunidades prometiéndoles dinero a cambio de que los pueblos den el permiso para la llegada de estas compañías extranjeras.
Consideraron que los proyectos mineros del Valle de Ocotlán no fueron consultados con ejidatarios y ciudadanos de las comunidades.
Por ello, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán dieron a conocer los resultados del Segundo Foro Regional Informativo sobre Minería y sus impactos en comunidades indígenas y rurales, realizado el 26 de noviembre en la agencia municipal de Maguey Largo, San José El progreso Ocotlán.
Entre las conclusiones destacan que la tierra, el territorio y los recursos naturales son propiedades colectivas de los pueblos y comunidades, y no coinciden con la visión de desarrollo impulsada por los gobiernos federal y estatal.
Además coincidieron en que el PROCEDE, PROCECOM y FANAR son instrumentos de la política agraria federal "para facilitar la entrada de empresas mineras y otras obras a gran escala, que debilitan la propiedad colectiva y los mecanismos comunitarios de defensa del territorio".
De igual forma, denunciaron diversas anomalías que se han registrado en contra de quienes conforman la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, entre ellos el presidente municipal de San José el Progreso, Alberto Mauro Sánchez.
Por lo anterior exigieron que el gobierno estatal deje de presionar a los pueblos a través de sus dependencias y no utilice los recursos públicos como medida de chantaje para obtener el consentimiento de las comunidades, y que los gobiernos federal y estatal respeten la decisión de Magdalena Ocotlán de no permitir la entrada de ductos de aguas tratadas de Ocotlán.
También responsabilizaron a las autoridades de San José El Progreso de cualquier acto que involucre la seguridad de integridad física y moral de las autoridades, organizaciones y ciudad dos que se oponen a las empresas mineras en la región.
SILVIA CHAVELA RIVAS/Foto: ALEJANDRO AQUINO
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