Investiga Derechos Humanos minera contaminante en Villa de la Paz

Cerrillo Chowell usa su festival para cubrir el daño que hace

Fuente: La Jornada de San Luis

La activista y vecina de Villa de la Paz, María Del Carmen Hernández de Garay, informó que ayer la licenciada Petra Zapata, trabajadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitó la cabecera municipal para recabar testimonios de los habitantes que se sienten agredidos en su persona, ante la inminente contaminación de la mina del magnate José Cerrillo Chowell.

Explicó la activista que gracias a la gestión que hiciera Alejandro Zapata Perogordo cuando visitó Villa de la Paz cuando era candidato, “se nos hizo justicia porque ahora sí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos volteó a vernos y están recopilando información de los que sufrimos en cuerpo y alma ésta contaminación que no nos deja vivir, por lo cual lo que puedo afirmar es que sí nos afecta la contaminación en nuestros derechos humanos, el polvo que se acumula en nuestras viviendas es demasiado, todos los días junto una bolsa llena de polvo contaminante del techo y patio de mi casa, la mina no nos deja vivir y afecta la salud”, dijo enfàtica.

Hernández de Garay quien lleva más de veinte años enfrentándose al magnate minero José Cerrillo Chowell denuncio que la cultura ha sido la bandera política del empresario conocido internacionalmente. “el abusa de ello, por eso dice que él no es de Villa de la Paz sino que Villa de la Paz es de él y cada año el Festival del Desierto es su bandera política para que las autoridades lo dejen operar impunemente y nos siga matando con su contaminación”.

María del Carmen Hernández solicitó por medio de solicitudes de información toda los costos que ha erogado el ayuntamiento de Villa de la Paz al Festival del Desierto y mencionó que pronto lo dará a conocer: “A los que vivimos aquí no nos interesa ese evento, sabemos que es del señor que nos tiene contaminados y enfermos de cáncer y de las vías respiratorias por el polvo de su mina. A la gente de aquí no le interesan las danzas o la música clásica que vienen a traernos con ese festival, queremos que cierre la mina de Chowell porque a todos nos afecta, no se diga a los niños”, concluyó.
http://soberaniapopular.blogspot.com/2009/09/investiga-derechos-humanos-minera.html

La Pirámide de la Paz ó La Leyenda del Tesoro Perdido en las faldas de "El Cerro del Fraile"
http://elpajaruyuyuy.spaces.live.com/blog/cns!BEFC0EDB73FA7900!3530.entry


… Un “Detrás de Cámara y Recámara” -secuela de “El Festival del Desierto”



A manera de aperitivo, pongo a su consideración el siguiente artículo, publicado en 2006 por la aguda reportera y periodista Margarita Basáñez.



Contaminación e impunidad

Por Margarita Basáñez

El Municipio de Villa de la Paz, dentro de la zona semidesértica, al norte del estado potosino, es minero y refleja una problemática nacional, pues los representantes del Ejecutivo Nacional priorizan cualquier tipo de inversión y actividad económica por encima del detrimento del medio ambiente.



El problema está documentado en un expediente que inicia en 1991, donde el actual Secretario de Salud de esta entidad, Fernando Toranzo, dice que “no hay datos científicos” para afirmar que las dermatosis, sinusitis y daños neurológicos de niños de Villa de la Paz sean por las emanaciones de la empresa de José Cerrillo Chowell. Sin embargo, dice que “la contaminación es natural”, simplemente porque “esa misma circunstancia existe en todo el territorio mexicano con vocación de minería, -Chihuahua, Coahuila, etc.-, donde los metales pesados están de manera natural en el medio ambiente y sus efectos dañinos sobre la salud de sus pobladores es inherente a ello, independientemente de que se exploten o no”.



El expediente de la Subcomisión de Ecología, creada desde el 14 de octubre de 2004, y que presidió el diputado perredista Omar Ortega Álvarez, obra en poder de la Cámara de Diputados y una copia fue turnada a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), en su calidad de “autoridad competente”.



A través del diputado del primer distrito, Alfonso Nava Díaz, buzos tuvo acceso a estudios de [diversas] Universidades, publicados y avalados por instituciones públicas donde se revela que los niños de Villa de la Paz presentan niveles de arsénico y plomo hasta 10 veces más de lo tolerable en su corriente sanguínea.



Atraso tecnológico de 142 años

Con eso, la Cámara de Diputados concluye que los niños presentan riesgo de daño neurológico, por el efecto del zinc que perjudica el tejido nervioso. Cabe señalar que las instalaciones de la planta beneficiadora, cuyo nombre oficial es

Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A.,

tuvo [sic] su origen en 1864 y, si bien su capacidad ha ido aumentando con el transcurso de los años, su proceso está basado en [sic] los principios de [que regían en la época de] su origen. Esto es, tienen la misma tecnología desde hace 142 años.



Esto se asienta en una declaración del señor José Cerrillo Chowell, dueño de la empresa, el 28 de septiembre de 1998, al diario El Sol de San Luis, en la cual reconoce la generación de “ligeras” nubes de polvo en la fase de trituración y vibraciones de tal intensidad que es “posible” afecten las viviendas de los vecinos.



Benefactor y envenenador

Desde 1931, esta planta ha trabajado con el sistema de [proceso de concentración del mineral por] cianuración, en el cual se recupera la plata por medio de cianuro [de potasio] en tanques de asentamiento. Los residuos o “jales” son colocados en presas de almacenamiento conocidas como “lameros”, y se han ido acumulando hasta formar una montaña al aire libre [La Gran Pirámide de la Paz, como la he bautizado].

Las familias de mineros de la colonia Real de Minas habitan a unos pasos de los Lameros, en la calle Cobriza.

Lucy Robles Contreras muestra al fotógrafo de buzos las manchas blancas que su hijo Moisés, de siete años, presenta en su cuerpo. La mujer dijo que hace seis meses el sector salud prometió ir a recoger las muestras de laboratorio que les tomaron a los niños, tanto de sangre como de orina, para hacer nuevos estudios, sin embargo, la brigada médica nunca regresó.



La señora Virginia Coronado Loredo, vecina de esa misma calle, muestra preocupada a su hija de ocho años, quien sufre de cefaleas constantes y también le sangra la nariz. Las esposas de los mineros padecen náuseas y vómitos, y comentaron que sus viviendas se las construyó en ese lugar el magnate José Cerrillo Chowell y no tienen otro lugar a donde emigrar.



Denunciaron, también, que el alcalde panista Enrique Rodríguez Mireles ha decidido ocupar una calle cercana a esa colonia para hacer un basurero municipal.



En estas laderas de inmundicia se han establecido asentamientos como los de las colonias Real de Minas y Real del Monte, donde habitan los trabajadores de Cerrillo Chowell, benefactor de políticos y universidades.

En época de lluvias, el material llega por escurrimientos superficiales hasta un arroyo que se filtra al subsuelo a través de las fracturas geológicas que abundan en la zona a causa de las detonaciones con dinamita adentro de la mina.



Mejor pagan multas

Cuando no llueve, el sedimento seco del arroyo y el material del depósito se mezclan y va a dar hasta zonas agrícolas y habitacionales. Estudios del Departamento de Toxicología Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establecen los altos niveles de arsénico y plomo, cuya presencia tiene un valor referencial de 250mg/kg, que es el valor guía en las zonas recreativas para niños.



A nivel local, la minera de Villa de la Paz tiene infinidad de denuncias ante las autoridades; de ellas se desprendieron resoluciones de la PROFEPA, como la de agosto de 1998, cuando giró “instrucciones” para que la minera dejara de contaminar en este municipio.



Al año siguiente, aplicó una multa por 3,000 días de salario mínimo, vigente en el DF, junto con nuevas instrucciones para que la minera Santa María de la Paz implementara “medidas técnicas a fin de corregir la problemática ambiental” y la cual sigue sin cumplirse.



Opinión institucional

Al respecto, el secretario de Gestión Ambiental, Rodolfo Treviño Sánchez, justificó su actuar y se limitó a decir que la PROFEPA “es el área encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normatividad ambientales, aplicables a establecimientos industriales, de servicio y comerciales, en las materias de competencia federal como son atmósfera, residuos peligrosos, industriales, biológico infecciosos y prestadores de servicio”.



“Contribuye -la PROFEPA- a la restauración del entorno mediante la inspección de las fuentes contaminantes, la identificación de infracciones, la notificación de sanciones, el ordenamiento de las medidas correctivas con sus plazos de cumplimiento y la verificación de su acatamiento”.



Por todo esto, concluye que “es la PROFEPA quien tiene competencia directa en lo que se refiere al área minera y sus impactos al medio ambiente pero nosotros nos mantenemos alertas”.