Manuel de la Cruz l Tras la detención de tres empleados de la empresa minera canadiense Black FIRE, la Procuraduría de Justicia podría arrestar a más implicados en el asesinato del dirigente antiminero Mariano Abarca, conforme avanza la investigación.
El jefe de comunicación de la institución, Héctor Flores, dijo que “los directivos de la multinacional serán citados a declarar sobre el caso” aunque no una hay una fecha precisa.
Señaló que de los tres empleados de la Black Fire detenidos, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, de 33 años originario del municipio de Chicomuselo, es el autor material que le dio a Abarca Robledo cuatro disparos mortales a 38 centímetros entre la nuca y la cabeza.
Los sicarios se desplazaron en motocicleta, los otros dos Caralampio López Vázquez, es de la misma edad y municipio, se desempeñaba como chofer y traductor de uno de los directivos.
Mientras que Ricardo Antonio Coutiño Velázquez, de 34, también chofer es originario de La Concordia.
Una fuente allegada a la investigación dijo que estos habrían recibido la oferta de uno de los altos mandos de la empresa para asesinar al dirigente a cambio de una buena cantidad de dinero.
La cantidad en dólares no fue especificada.
Flores dijo que la Procuraduría continúa con la investigación para llegar al fondo y dar con los responsables materiales de este homicidio ocurrido la noche del 26 de noviembre.
Para ello, además de los directivos de la multinacional canadiense Black Fire, que contaba con al menos 10 permisos para la explotación a cielo abierto de la minas en el municipio de Chicomuselo, otros empleados también serán citados para deslindar responsabilidades.
Por lo pronto, reconoció que la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), clausuró el lunes las operaciones de la empresa minera con el argumento de que arrojaba deshechos altamente contaminantes que dañaban el medio ambiente de la región.
La dependencia dijo que “la mina extensiva, dedicada a la explotación de barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, fue clausurada por sus afectaciones al medio ambiente, con los que se concreta un acto de legalidad que responde a una sentida demanda social”.
El personal de la Semavi colocó los sellos en los accesos impidiendo las operaciones de la Black Fire.
Señaló que “la empresa como los trabajadores pusieron resistencia a la verificación y clausura”.
Sin embargo, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como del Frente Nacional Contra las Privatizaciones y el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FRCP-FNLS) lo habían denunciado y organizaron dos Foros para alertar a la población de los riesgo de la contaminación sin que el gobierno chiapaneco los atendiera.
Según Enrique Murias para que las autoridades hicieran algo al respecto tuvo que haber la muerte de uno de sus más aguerridos compañeros y otro más que permanece grave de salud.
Incluso dijo que las denuncias sobre la militarización de los municipios donde operan las empresas mineras se habían dado a la par de las denuncias sobre amenazas de muerte.
“Pero las autoridades no hicieron nada”, dijo.
Héctor Flores, comentó en este sentido que la Procuraduría de Justicia no puede ofrecer las medidas de protección necesarias si los amenazados “no hacen una denuncia formal”.
Son varios los activistas no sólo los antimineros sino también sociales y defensores de los derechos humanos en el estado de Chiapas que han sido amenazados de muerte para silenciar las denuncias.
Por ello el FRCP-FNLS pidió a sus integrantes mantenerse atentos porque podría haber más ataques de quienes han denunciado los riesgos de la contaminación desmedida al medio ambiente.
Los municipios que más han resentido los efectos negativos de la explotación de minas a cielo abierto son Chicomuselo, Motozintla, Mapastepec y Acacoyagua, así como otros más, donde la población se ha declarado en resistencia y rechaza abiertamente a las multinacionales.
http://www.expresochiapas.com/noticias/contraportada/9439-seran-citados-directivos-de-la-minera.html
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