Domingo 10 de octubre.
El párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, ha recibido amenazas de muerte por oponerse a la explotación de minas que la empresa canadiense Blackfire realiza en ese municipio fronterizo, denunció la coordinación de las Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis local.
El sacerdote ha sido ubicado como actor visible en la defensa de la tierra y territorio en la región a través de la evangelización y por eso es víctima de amenazas de muerte y de una guerra sicológica, agregó en una carta dirigida a los gobiernos de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero.
Las amenazas que ha sufrido forman parte de una guerra de baja intensidad de actores que tienen interés en los recursos minerales de la región, esto es, los gobiernos federal, estatal y municipal y la empresa canadienses, aseveró.
Al ser coherente en predicar conforme al evangelio, al decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado, el sacerdote es un obstáculo para la minera Blackfire, señala el documento.
En noviembre pasado fue asesinado en ese lugar Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de barita que realiza la compañía.
La coordinación de las co- munidades eclesiales señaló que desde la llegada de Blackfire a Chicomuselo han ocurrido problemas, resultado de sus acciones depredadoras y de menosprecio a las leyes de protección del medio ambiente y a la población en su conjunto, ante la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Añadió que durante tres años la empresa operó en Chicomuselo y a principios de 2008 inició la resistencia a la explotación de barita en los ejidos Grecia y Nueva Morelia, y no fue sino hasta que ocurrió el asesinato de Abarca Roblero que el gobierno estatal, mediante la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural actuó contra la empresa”.
Recordó que el 7 de diciembre pasado la dependencia clausuró temporalmente la veta por causar impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino, ante lo cual la minera promovió el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal.
El 30 de abril de 2010, recordó, el juzgado quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Semavihn con el argumento de que según el artículo 27 constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
Lo anterior, aseveró, “facilita el camino a la transnacional para que regrese ‘limpia’ de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades de la región Sierra de Chiapas”.
Estos conflictos siguen vigentes en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, y no descartamos que en cualquier momento empiece una escalada de violencia, por lo que exigió respeto a nuestros derechos de libre determinación y defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos.
También demandó la cancelación definitiva de la exploración y explotación minera en territorio chiapaneco; que se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Abarca, y que se respete su derecho como pueblos a ser consultados
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/23/6140
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